Diputados dio media sanción a la “Ley Hojarasca” para eliminar normas obsoletas
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca eliminar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. El objetivo oficial es simplificar el entramado normativo argentino, reducir estructuras burocráticas y disminuir gastos del Estado vinculados a organismos o regulaciones que perdieron vigencia.
El Gobierno sostiene que muchas de estas normas quedaron desactualizadas por los cambios tecnológicos, económicos y sociales, mientras que otras directamente nunca fueron reglamentadas o dejaron de aplicarse hace décadas. Desde el Ministerio de Desregulación remarcaron que varias disposiciones aún vigentes generan superposición normativa y mantienen trámites innecesarios dentro de la administración pública.
Entre los fundamentos del proyecto de “Ley Hojarasca” aparece el principio constitucional de que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”. Con esa lógica, la iniciativa propone eliminar leyes que autorizaban actividades hoy consideradas normales, como la transmisión de televisión en color o el uso de sistemas de microfilmación en organismos estatales y fuerzas armadas.
Carnet de mochilero, palomas mensajeras y televisión a color
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la derogación de la ley que obligaba a los mochileros a portar un carnet especial para trasladarse con fines turísticos. La norma, sancionada en 1974, permitía incluso la intervención policial sobre quienes no contaran con esa documentación. Según el proyecto de “Ley Hojarasca”, la medida resulta incompatible con el derecho constitucional a la libre circulación.
Otra de las normas incluidas es la ley de 2015 que obligaba a registrar palomas mensajeras de carrera ante la Federación Colombófila Argentina. El Gobierno consideró innecesaria la intervención estatal en una actividad privada y deportiva, por lo que propuso eliminar tanto el registro como las obligaciones administrativas vinculadas a esa práctica.
También aparecen en la “Ley Hojarasca” regulaciones consideradas anacrónicas, como la ley que autorizaba las emisiones de televisión a color en 1978 o aquellas que imponían el uso de microfilmación en dependencias militares y organismos públicos.
Beneficios, premios y organismos bajo revisión
La “Ley Hojarasca” también avanza sobre fondos públicos, beneficios impositivos y organismos creados décadas atrás que, según el oficialismo, ya no cumplen funciones concretas o pueden sostenerse sin financiamiento estatal. Entre ellos figuran el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, cuya asistencia económica desde el Estado nacional sería eliminada.
El proyecto además propone derogar leyes que otorgaban beneficios especiales a determinados sectores o actividades. Entre ellas aparecen exenciones impositivas para compañías de seguro agrícola, promociones hoteleras y fondos destinados a industrias específicas, muchas de las cuales dejaron de utilizarse hace años o fueron reemplazadas por normativas posteriores.
En la misma línea, el oficialismo pretende eliminar premios y programas financiados con recursos públicos, como el Premio Nacional a la Calidad o reconocimientos vinculados a prevención de adicciones y actividades culturales. Según el texto aprobado en Diputados, el Estado no debería sostener estructuras ni incentivos que podrían quedar en manos del sector privado o de otras áreas ya existentes.
Leyes antiguas y normas consideradas inconstitucionales
Dentro del listado aparecen leyes de más de un siglo de antigüedad, como una norma de 1864 que castigaba a funcionarios que ordenaran azotar personas. El Gobierno consideró que se trata de una disposición anacrónica porque ese tipo de castigos están prohibidos por la Constitución Nacional y el sistema jurídico moderno.
También se incluyeron en la “Ley Hojarasca” leyes consideradas incompatibles con derechos constitucionales actuales. Una de ellas penalizaba a argentinos que promovieran sanciones económicas contra el Estado, mientras que otra obligaba a organizadores de reuniones privadas a dar aviso previo a la policía, habilitando controles oficiales sobre encuentros en lugares cerrados.
El próximo paso en el Senado
Tras obtener media sanción en Diputados, la “Ley Hojarasca” deberá ahora ser debatida en el Senado, donde el oficialismo buscará reunir apoyos para convertirla en ley. El Gobierno considera que la depuración normativa es una herramienta clave dentro de su política de desregulación y simplificación administrativa.
Desde el entorno de Sturzenegger aseguran que la “Ley Hojarasca” no implica eliminar controles esenciales, sino retirar normas “muertas” que permanecen vigentes sin impacto real. La discusión ahora pasará por definir hasta dónde avanzar con la eliminación de estructuras históricas y qué rol debe conservar el Estado en distintas actividades económicas, culturales y sociales.
