Impulsan un proyecto para exceptuar a criadores bovinos de la identificación electrónica obligatoria
Un proyecto de ley presentado por Pablo Juliano propuso excluir a los productores cuya actividad principal y exclusiva sea la cría bovina del nuevo Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales implementado por el SENASA. La iniciativa plantea que esos establecimientos puedan continuar utilizando caravanas visuales y registros tradicionales bajo supervisión sanitaria oficial.
La propuesta surgió luego de la entrada en vigencia de las resoluciones 530/2025 y 841/2025 del SENASA, que establecieron la obligatoriedad de incorporar dispositivos electrónicos individuales para bovinos, bubalinos y cérvidos. Según el texto legislativo, las exigencias operativas y económicas del sistema resultarían excesivas para los establecimientos de cría extensiva, donde los animales permanecen largos períodos en el campo y registran menor circulación comercial.
De aprobarse la iniciativa, los productores exceptuados no estarían obligados a utilizar caravanas electrónicas, microchips o dispositivos RFID. En cambio, podrían continuar trabajando con caravanas visuales de CUIG y registros manuales o telemáticos, siempre que garanticen la trazabilidad sanitaria mínima requerida por el organismo oficial.
El costo económico aparece en el centro del debate
Uno de los principales argumentos del proyecto apunta al impacto económico que tendría la identificación electrónica obligatoria sobre el primer eslabón de la cadena ganadera. El documento sostiene que el sistema puede resultar útil en esquemas productivos con movimientos frecuentes o comercialización intensiva, pero tendría menor sentido en planteos de cría extensiva.
Según los fundamentos de la iniciativa, cada identificación electrónica —integrada por una caravana visual y un chip RFID— tendría un costo estimado de entre 1,50 y 1,70 dólares por animal. A eso se sumarían gastos vinculados con colocación, reposición de dispositivos, lectores electrónicos y carga administrativa.
Aplicado sobre los más de 14 a 15 millones de terneros identificados anualmente en el país, el proyecto calcula una transferencia superior a 25 millones de dólares por año hacia proveedores de insumos tecnológicos, generando una nueva presión sobre una actividad que ya enfrenta márgenes ajustados y alta exposición a riesgos climáticos y financieros.
Qué establecen las resoluciones del SENASA
La Resolución 530/2025 del SENASA definió las condiciones para aplicar la identificación electrónica obligatoria en bovinos, bubalinos y cérvidos. Desde el 1° de enero de 2026, cada animal debe contar con una caravana visual y un dispositivo electrónico individual colocado al destete o antes del primer movimiento.
Posteriormente, la Resolución 841/2025 precisó la implementación del sistema y determinó que ningún ternero bovino o bubalino podrá permanecer en el establecimiento ni trasladarse luego del destete sin la identificación electrónica correspondiente. El esquema comenzará con los nacimientos de 2026 y avanzará gradualmente hasta abarcar a todo el rodeo nacional.
La normativa también dispuso que desde el 1° de diciembre de 2025 quedará prohibida la comercialización de dispositivos exclusivamente visuales para bovinos, bubalinos y cérvidos por parte de proveedores oficiales. Además, estableció exigencias de registro en SIGSA, asociación electrónica mediante DT-e y posibles sanciones ante incumplimientos.
Proponen una excepción voluntaria bajo control sanitario
El proyecto impulsado por Juliano no elimina los controles sanitarios ni propone abandonar el sistema de identificación electrónica. La iniciativa plantea que los productores exceptuados mantengan registros actualizados y permitan auditorías periódicas por parte del SENASA para garantizar el seguimiento sanitario de los rodeos.
Además, propone crear un Registro Específico de Productores de Cría Vacuna Exentos, administrado por el organismo sanitario nacional. Allí deberán inscribirse quienes pretendan adherir al régimen especial y acreditar formalmente su actividad productiva.
El texto legislativo también establece que la eventual aplicación de la ley deberá ser revisada a los dos años por el Poder Ejecutivo y el SENASA. La evaluación buscará medir el impacto de la excepción sobre la sanidad animal, el comercio y el funcionamiento de la cadena ganadera, en medio de un debate creciente sobre cómo avanzar en procesos de modernización tecnológica sin generar mayores costos para el sector productivo.
Mientras el Gobierno impulsa estándares más altos de trazabilidad e identificación electrónica individual, parte de la producción sostiene que la incorporación obligatoria de tecnología no debería aplicarse de manera uniforme sobre todos los sistemas ganaderos. Para los criadores bovinos, la discusión pasa por definir si la identificación electrónica será una herramienta de mejora o una nueva carga económica sobre la actividad.
