La nueva ley de semillas gana consenso y el acuerdo aparece cada vez más cerca
Después de años de intentos frustrados, la posibilidad de actualizar la ley de semillas comenzó a mostrar avances concretos. En el Congreso de Aapresid, representantes del Gobierno, la industria semillera y las entidades rurales coincidieron en que las negociaciones lograron acercar posiciones y que hoy existe un escenario más favorable para alcanzar una reforma de una normativa que permanece vigente desde 1973.
Aunque persisten diferencias sobre temas sensibles, como el uso propio de semillas y la adhesión al convenio UPOV 91, los distintos actores destacaron que el diálogo permitió dejar atrás viejas confrontaciones y construir consensos. Frases como “estamos cada vez más cerca”, “no estamos tan lejos” y “creo que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo” marcaron el tono del debate en torno a la ley de semillas.
Coincidencias sobre la necesidad de una nueva ley de semillas
El panel reunió al presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari; al director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro; al presidente de Carbap e integrante de la Comisión de Agricultura de CRA, Pablo Ginestet, y al presidente de Aapresid, Marcelo Torres.
Todos coincidieron en que la legislación vigente quedó desactualizada frente a la evolución tecnológica que experimentó la agricultura en las últimas cinco décadas. Famulari sostuvo que la ley de 1973 ya no responde a la realidad del sector y explicó que hoy alcanza con demostrar el origen legal de una semilla para poder multiplicarla sin límites, una situación que, a su juicio, desalienta la inversión en genética.
En la misma línea, Paseyro recordó que Argentina fue pionera en materia de protección de obtenciones vegetales, pero consideró que perdió competitividad frente a otros países. Según explicó, contar con una nueva ley de semillas permitiría generar previsibilidad para las empresas que invierten en mejoramiento genético y recuperar el protagonismo que el país tuvo décadas atrás.
El diálogo redujo las diferencias
Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue el reconocimiento unánime de que las negociaciones lograron acercar posiciones. Famulari recordó que las primeras reuniones estuvieron atravesadas por la desconfianza entre los distintos sectores, mientras que hoy existen acuerdos sobre varios de los temas centrales.
El titular del Inase afirmó que uno de los cambios más significativos fue el reconocimiento por parte de los productores de que la innovación genética debe ser remunerada, incluso cuando se trata del uso propio de semillas.
Desde la producción también hubo señales de optimismo sobre una nueva ley de semillas. Ginestet sostuvo que el desafío consiste en construir un sistema equilibrado que otorgue previsibilidad tanto a los obtentores como a los productores, dejando claramente definidos los derechos de cada una de las partes para evitar futuros conflictos.
El uso propio sigue siendo uno de los temas centrales
Si bien el derecho al uso propio continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la discusión sobre la ley de semillas, el debate ya no gira sobre su existencia, sino sobre la forma de reconocer económicamente el valor de la genética cuando corresponde.
Paseyro remarcó que el uso propio es una práctica histórica de la agricultura y no desaparecerá, mientras que Marcelo Torres explicó que comenzó a tomar fuerza el concepto de “uso propio incremental”. Según planteó, cuando un productor incrementa la superficie sembrada utilizando la misma genética resulta razonable establecer un mecanismo de pago, aunque todavía resta definir cómo se implementará ese esquema.
UPOV 91, el principal punto pendiente
El aspecto donde todavía persisten las mayores diferencias en torno a una nueva ley de semillas es la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, promovida por el Gobierno y respaldada por la industria semillera.
Famulari recordó que el Poder Ejecutivo mantiene el compromiso de enviar el proyecto al Congreso, mientras que desde ASA sostuvieron que la adhesión brindaría mayor seguridad jurídica y facilitaría la llegada de nuevas inversiones y materiales genéticos.
Sin embargo, desde las entidades rurales plantearon una alternativa. Ginestet propuso construir una solución adaptada a la realidad tecnológica actual, más allá de optar entre UPOV 78 y UPOV 91. Incluso habló de un “UPOV 2026”, que contemple avances como la edición génica y otras innovaciones desarrolladas en las últimas décadas.
