Ley de Semillas: hubo avances en el diálogo, pero sigue la disputa por la UPOV-91
El Gobierno dio un nuevo paso en el intento por destrabar el debate sobre una nueva Ley de Semillas. Representantes de las entidades rurales y de la industria semillera mantuvieron una reunión en la Secretaría de Agricultura que permitió acercar posiciones sobre el derecho de uso propio de las semillas, aunque persisten fuertes diferencias respecto de la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), uno de los puntos más sensibles de la discusión.
Del encuentro participaron funcionarios nacionales encabezados por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, junto al presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, y el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí. También estuvieron presentes representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Aapresid y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem).
Consenso parcial sobre las regalías por el uso propio
Uno de los principales avances se produjo en torno a las excepciones al pago de regalías por el uso propio de semillas. Aunque no hubo un acuerdo definitivo, tanto las entidades rurales como la industria coincidieron en que debe existir un grupo de productores exento del pago, una definición que hasta ahora no formaba parte de un consenso compartido.
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, explicó que la propuesta consensuada por las entidades del campo busca proteger a los pequeños y medianos productores. El planteo establece que el 80% de los productores, responsables de apenas el 20% de la producción nacional, queden exceptuados del pago de regalías, mientras que el 20% restante, que concentra el grueso del volumen producido, abone el derecho de uso propio durante tres años.
La iniciativa en torno a la Ley de Semillas también contempla un criterio de superficie. Las entidades rurales proponen que los establecimientos de hasta 500 hectáreas, considerando el conjunto de los cultivos, queden excluidos del pago, utilizando herramientas como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase para determinar quiénes accederían a ese beneficio.
La mayor diferencia sigue siendo la adhesión a la UPOV-91
Más allá del debate por las regalías, el principal punto de conflicto en torno a la Ley de Semillas continúa siendo la intención del Gobierno de impulsar la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la UPOV, compromiso asumido en el marco de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
Actualmente, el país integra ese organismo bajo el Acta de 1978, un régimen que permite el uso propio de semillas sin restricciones y que los productores consideran más equilibrado. Las entidades rurales sostienen que es posible fortalecer la protección de la propiedad intelectual manteniendo ese esquema, sin necesidad de adoptar el nuevo tratado.
La principal objeción de Federación Agraria radica en el alcance de los derechos del obtentor previstos en UPOV-91. Según explicaron, el convenio extiende la protección no solo sobre la semilla y su multiplicación, sino también sobre el producto final obtenido de la cosecha, una modificación que, a juicio de los productores, alteraría significativamente el equilibrio entre el derecho de los obtentores y el uso propio.
El Gobierno busca consenso, pero pone plazos
Durante la reunión también quedó claro que el Ejecutivo pretende avanzar con rapidez. Si bien el Gobierno ratificó su intención de construir una Ley de Semillas consensuada entre productores e industria, también advirtió que el proceso de negociación no será indefinido.
Como parte de esa estrategia, se acordó realizar dos nuevos encuentros técnicos para abordar una nueva Ley de Semillas. Uno contará con especialistas del INTA para analizar las variedades esencialmente derivadas (VED), mientras que otro reunirá a representantes de la UPOV para profundizar el debate sobre patentamiento, propiedad intelectual y el alcance de la normativa internacional.
