El Gobierno busca acordar una nueva ley de semillas y avanza hacia la adhesión a la Upov-91
El Gobierno nacional acelera las negociaciones para consensuar una reforma de la Ley de Semillas y, al mismo tiempo, ratificó su compromiso de impulsar la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov-91). La estrategia oficial apunta a construir un proyecto con respaldo de toda la cadena agroindustrial, condición que considera indispensable para que la iniciativa logre avanzar en el Congreso.
Las conversaciones son encabezadas por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que mantienen reuniones con empresas semilleras, obtentores, entidades de productores y otros actores del sector. En ese marco, el presidente del Inase, Martín Famulari, confirmó que el organismo trabaja en la elaboración de una propuesta consensuada y anticipó que el próximo 14 de julio se realizará un nuevo encuentro para continuar las negociaciones.
Una ley moderna con respaldo del sector
Durante una exposición realizada en el Congreso de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), Famulari sostuvo que el objetivo es construir una legislación moderna, alineada con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales de semillas.
El funcionario evitó anticipar el contenido del futuro proyecto debido a que las negociaciones continúan abiertas, aunque insistió en que la prioridad es alcanzar un consenso amplio entre todos los sectores involucrados. “Tenemos que hacer una mesa de la que todos nos levantemos no diez puntos conformes, pero sí siete puntos conformes. Si alguien se va muy en contra, después la idea no prospera”, resumió el titular del Inase.
De acuerdo a información de LA NACIÓN, el próximo paso será la reunión convocada para el 14 de julio, donde participarán representantes de la industria semillera y entidades gremiales agropecuarias con el objetivo de acercar posiciones sobre los principales puntos de la futura normativa.
La adhesión a Upov-91, otro objetivo del Gobierno
En paralelo a la discusión de la nueva ley de semillas, el Gobierno ratificó el compromiso asumido de enviar al Congreso el proyecto de adhesión a la Upov-91 antes de fines de 2027.
Argentina ya integra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, pero actualmente se encuentra adherida al Acta de 1978 (Upov-78). La incorporación a la versión más reciente del convenio supone un régimen de protección intelectual más amplio para las nuevas variedades desarrolladas por los obtentores, una demanda histórica de la industria semillera.
Sin embargo, la adhesión no podrá concretarse sin antes adaptar la legislación nacional. Según explicaron desde el Inase, la normativa argentina deberá adecuarse a los requisitos previstos en el Acta de 1991, condición indispensable para que el país pueda incorporarse al tratado internacional.
El uso propio sigue siendo el principal punto de conflicto
Pese al avance de las conversaciones, el régimen de uso propio de las semillas continúa siendo el aspecto que genera mayores diferencias entre semilleros, obtentores y organizaciones de productores.
Ese tema ha sido históricamente el principal obstáculo para modificar la legislación vigente. Mientras los desarrolladores de nuevas variedades buscan fortalecer la protección de la propiedad intelectual y el cobro de regalías, parte de los productores reclama preservar el derecho a reutilizar semillas obtenidas de su propia cosecha.
Fiscalización del garbanzo y cambios graduales
Durante su exposición, Famulari también se refirió a otro tema que generó debate en el sector: la implementación de la fiscalización obligatoria del garbanzo. El funcionario aclaró que el organismo comparte la necesidad de incorporar este cultivo al sistema de fiscalización, aunque reconoció que el problema estuvo en la rapidez con la que se intentó aplicar la medida.
En ese sentido, explicó que el Instituto de Semillas buscará implementar esquemas graduales para otros cultivos, como el poroto, de manera de acompañar a toda la cadena productiva durante la transición y evitar conflictos derivados de cambios repentinos.
Con una nueva reunión prevista para mediados de julio, el Gobierno intentará avanzar en uno de los debates más complejos del agro argentino, donde la modernización del marco legal, la protección de la innovación y los derechos de los productores vuelven a ocupar un lugar central en la agenda del sector.
