Van a la Justicia para frenar el cierre de una estación clave del INTA en el AMBA
El conflicto por el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo con la presentación de una acción de amparo en la justicia federal de San Martín. La iniciativa, impulsada por sindicatos y organizaciones rurales, busca dejar sin efecto una medida que consideran arbitraria y perjudicial para la producción alimentaria del conurbano.
La presentación fue encabezada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a entidades de la agricultura familiar. En el escrito, los demandantes sostienen que el cierre carece de fundamentos técnicos y legales, además de generar un impacto directo sobre miles de productores que dependían de la asistencia del organismo.
Una decisión que afecta a un cinturón productivo clave
La estación experimental, ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó, tenía influencia sobre 39 municipios y la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí se articulaban tareas de investigación, capacitación y extensión que resultaban fundamentales para el funcionamiento del cinturón hortícola más importante del país.
Según los gremios, la clausura implicó la interrupción abrupta de un servicio que se prestaba desde hace más de 15 años. La asistencia técnica que brindaba el INTA permitía sostener la producción de frutas y verduras destinadas a una población estimada en 16 millones de personas, lo que convierte a la medida en un golpe directo al sistema de abastecimiento.
El trasfondo de las reformas en el organismo
El conflicto se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración del INTA, impulsado desde el Ministerio de Economía. Estas reformas incluyen retiros voluntarios, reorganización de áreas y la posible venta de tierras públicas, que pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Para los demandantes, el cierre de la EEA AMBA no puede analizarse de manera aislada. Sostienen que forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reducir la presencia del Estado en el territorio y reconfigurar el uso de activos públicos, lo que genera preocupación entre trabajadores y productores.
Sospechas de un negocio inmobiliario
Uno de los puntos más sensibles del amparo es la presunta intención de destinar el predio a desarrollos inmobiliarios. Según los gremios, la decisión “persigue un fin inmobiliario” y constituye una desviación de poder, ya que el terreno se ubica en una zona de alto valor.
En esa línea, advierten que el cierre podría habilitar la venta de las tierras a precios bajos para emprendimientos privados. La denuncia apunta a la posible pérdida de un activo estratégico en favor de intereses comerciales, una situación que ya generó controversias en otros casos.
Rechazo local y defensa del predio
En Ituzaingó, la medida provocó un fuerte rechazo institucional. El Concejo Deliberante declaró el predio como área de preservación ambiental, productiva y patrimonial, reconociendo su valor histórico y funcional. Las autoridades locales sostienen que no se trata de tierras ociosas, sino de un espacio clave para la investigación y la producción agroecológica.
Desde el ámbito municipal remarcaron que la estación cumplía un rol central en el abastecimiento del conurbano. La pérdida de este nodo técnico podría debilitar la capacidad productiva de la región, afectando tanto a productores como a consumidores.
Cuestionamientos legales y defensa de derechos
El amparo también pone en duda la legalidad de la resolución que dispuso el cierre. Según los demandantes, el acto administrativo es “inmotivado y arbitrario”, y se basa en normas inexistentes o derogadas. Esto, sostienen, viola principios básicos del derecho administrativo y contradice la trayectoria histórica del INTA.
Además, el planteo incorpora un enfoque más amplio, vinculado a los derechos sociales. Los gremios advierten que la medida implica una regresión en el acceso a la ciencia y la tecnología aplicada a la producción de alimentos, lo que podría afectar el derecho a la alimentación.
