Granja Tres Arroyos: UATRE denunció pagos en cuotas y advirtió por más de 1.200 trabajadores afectados
La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos volvió a escalar tras una dura denuncia de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que alertó por atrasos salariales y pagos fragmentados en las plantas de WADE – Grupo GTA. El gremio aseguró que más de 1.200 trabajadores padecen desde hace más de un año y medio el cobro de sus haberes en cuotas, en un escenario que describieron como “insostenible”.
La situación de Granja Tres Arroyos tomó mayor relevancia luego de que trascendiera el cierre por tiempo indeterminado de una planta de la compañía en Entre Ríos, una decisión que puso en riesgo alrededor de 950 puestos laborales. El conflicto volvió a exponer las dificultades financieras que arrastra una de las empresas avícolas más importantes del país.
Desde la organización sindical afirmaron que los trabajadores de Granja Tres Arroyos sostuvieron el funcionamiento de la firma pese a las complicaciones económicas y laborales. Sin embargo, denunciaron que lo que inicialmente se presentó como una medida transitoria terminó convirtiéndose en una práctica habitual. Según la UATRE, actualmente muchos empleados cobran sus salarios en ocho o nueve cuotas, afectando severamente la economía familiar.
Denuncias por deterioro social y endeudamiento
El comunicado difundido por la UATRE describió un panorama social delicado en distintas provincias donde opera Granja Tres Arroyos. El gremio sostuvo que muchas familias ya no logran cubrir necesidades básicas y enfrentan crecientes problemas económicos derivados de la irregularidad salarial.
“Muchas familias no pueden cubrir el plato de comida diario, acumulan servicios impagos, alquileres atrasados y un creciente endeudamiento”, señaló el sindicato. La organización advirtió además que el temor permanente a perder el empleo agrava todavía más la situación emocional y económica de los trabajadores.
La crisis, siempre según la versión gremial, no afecta únicamente a empleados de Buenos Aires. También habría consecuencias sobre trabajadores radicados en Entre Ríos, Córdoba y Chaco, lo que refleja el impacto federal del conflicto dentro de la estructura de la compañía avícola.
En paralelo, la UATRE recordó que los problemas financieros de Granja Tres Arroyos no son nuevos. La empresa ya había quedado en el centro de cuestionamientos meses atrás por dificultades en su cadena de pagos, una situación que incluso había sido advertida públicamente por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Reclamos a la empresa y gestiones ante el Estado
Frente a este escenario, el gremio aseguró que mantuvo durante meses distintas instancias de negociación con representantes de Granja Tres Arroyos y organismos oficiales. Según detallaron, se realizaron reuniones periódicas y audiencias ante el Ministerio de Trabajo con el objetivo de buscar soluciones para los empleados afectados.
Además de las gestiones institucionales, la organización sindical afirmó que acompañó a las familias con asistencia alimentaria y ayuda social, en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La UATRE también indicó que intervino para garantizar la continuidad de servicios esenciales en establecimientos donde residen trabajadores rurales vinculados a la firma.
Pese a las dificultades, el sindicato destacó que los empleados continuaron sosteniendo la producción en condiciones complejas. “Mantuvieron su compromiso incluso frente a suspensiones, apercibimientos y permanentes exigencias”, remarcaron desde la entidad gremial.
La advertencia final de la UATRE
En el tramo más duro del comunicado, la UATRE exigió que la empresa informe con claridad cuál es su situación administrativa y financiera. Además, reclamó que Granja Tres Arroyos explique directamente a sus trabajadores cuál es el estado real de la organización y cuáles son las medidas previstas para enfrentar la crisis.
El gremio también pidió que la empresa solicite herramientas al Gobierno Nacional para preservar los puestos de trabajo y llevar tranquilidad a las familias afectadas, en medio de un contexto que consideran cada vez más crítico.
“WADE – Grupo GTA son responsables por trasladar el peso de la crisis sobre sus trabajadores sin ofrecer certezas ni un plan de salida”, sostuvo el sindicato. Aun así, la organización reconoció el acompañamiento de distintos gobiernos provinciales y de los ministerios intervinientes durante el conflicto.
