FAA cuestionó los nuevos controles sobre semillas y reclamó reglas claras para el productor
La decisión del Gobierno nacional de implementar un nuevo protocolo para controlar la identidad varietal de las semillas y reforzar la protección de la propiedad intelectual volvió a encender el debate sobre el futuro del sistema semillero argentino. En este contexto, la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó fuertes cuestionamientos a la medida y advirtió que genera incertidumbre entre los productores, al tiempo que reclamó una discusión más amplia para ordenar el mercado sin incrementar costos ni sumar nuevas cargas al sector.
La resolución oficial busca fortalecer la trazabilidad de las semillas y mejorar los mecanismos de control sobre las variedades registradas. Para ello, habilita que las muestras obtenidas en los primeros puntos de entrega de granos sean analizadas por Cámaras Arbitrales y entidades privadas autorizadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es garantizar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y transparentar el funcionamiento del mercado.
Sin embargo, desde FAA consideran que la normativa no resuelve los problemas de fondo y abre nuevos interrogantes sobre su aplicación práctica. La presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, aseguró que la medida introduce más dudas que certezas y cuestionó la falta de precisiones sobre aspectos clave para los productores.
Incertidumbre sobre la implementación
Según explicó la dirigente, una de las principales preocupaciones está vinculada con el tratamiento que recibirán las semillas ya utilizadas por los productores y la forma en que se aplicarán los controles previstos por la normativa.
“No creemos que esta medida genere previsibilidad; al contrario, genera más confusión y fracciona el sistema”, sostuvo Sarnari al referirse al nuevo esquema impulsado por el Ejecutivo. La dirigente remarcó que todavía no existe claridad sobre cómo se realizarán las inspecciones ni cuáles serán las consecuencias en caso de detectarse irregularidades.
Además, señaló que durante las instancias previas de consulta la entidad presentó observaciones al proyecto original. No obstante, afirmó que apenas una parte mínima de esos planteos fue incorporada al texto definitivo. “La habíamos rechazado en el proceso de diálogo previo, pero el Gobierno optó por avanzar igual”, sostuvo.
El foco puesto en la “bolsa blanca”
Más allá de las críticas al nuevo mecanismo de control, la entidad considera que el principal problema del sistema semillero argentino sigue siendo el elevado nivel de comercialización de semillas no fiscalizadas, especialmente en cultivos como la soja.
En ese sentido, Sarnari reclamó una mayor fiscalización sobre la denominada “bolsa blanca” y pidió hacer cumplir la legislación vigente antes de sumar nuevos procedimientos administrativos. Según la dirigente, la prioridad debería estar puesta en combatir los circuitos informales de comercialización que operan al margen de las normas actuales.
La presidenta de FAA también rechazó la idea de que en Argentina no exista protección para quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. A su entender, la legislación vigente ya contempla mecanismos para resguardar los derechos de los obtentores.
El rechazo a UPOV 91
La discusión sobre la nueva resolución reactivó también el debate sobre una eventual reforma integral de la Ley de Semillas. Si bien FAA se mostró dispuesta a participar de futuras instancias de diálogo, dejó en claro su rechazo a la adhesión al convenio UPOV 91.
Para la entidad, ese modelo no constituye una solución para los problemas actuales del sistema semillero argentino y podría favorecer una mayor concentración del mercado. Según Sarnari, la implementación de ese esquema abriría la puerta a procesos de patentamiento que terminarían fortaleciendo posiciones dominantes dentro de la cadena agroalimentaria.
El costo de producir, la principal preocupación
Más allá de la discusión legal y técnica, FAA insiste en que el centro del debate debería estar puesto en la situación económica de quienes producen. Según la entidad, cualquier medida que implique mayores costos termina afectando directamente la competitividad y la capacidad de adopción tecnológica del sector.
“No podemos seguir aumentando los costos de producción”, señaló la dirigente, quien vinculó esta situación con la persistencia de retenciones, impuestos provinciales y otras cargas que impactan sobre la rentabilidad. Para FAA, el desafío consiste en construir un sistema que incentive el uso de semilla legal y promueva la innovación, pero sin trasladar mayores costos ni generar incertidumbre para quienes trabajan en el campo.
