El Gobierno derogó ocho normas fitosanitarias y avanza con la desregulación del agro
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación al eliminar ocho resoluciones vinculadas con la sanidad vegetal y el comercio de productos agropecuarios. La medida busca depurar el marco normativo vigente, eliminar regulaciones consideradas obsoletas y consolidar un sistema más simple y actualizado, sin modificar los controles sanitarios que aplica el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el secretario Sergio Iraeta. Desde el Gobierno sostuvieron que las disposiciones derogadas habían sido reemplazadas por mecanismos más modernos basados en análisis de riesgo fitosanitario, sistemas de trazabilidad, certificaciones internacionales y herramientas informáticas.
Una desregulación del régimen fitosanitario
Según explicó la Secretaría de Agricultura, la eliminación de estas normas no implica una reducción de las exigencias sanitarias, sino una reorganización del Digesto Normativo del Senasa para facilitar la identificación de las reglas que continúan vigentes.
Las resoluciones alcanzadas por la desregulación habían sido dictadas entre 1992 y 2013 para atender situaciones específicas de ese momento. Con el paso del tiempo, muchas de esas disposiciones quedaron superadas por nuevas regulaciones o fueron absorbidas por procedimientos más modernos que hoy forman parte del sistema de control sanitario argentino.
Entre las normas derogadas aparecen regulaciones sobre la importación de maquinaria agrícola usada, el ingreso de papa semilla, restricciones sanitarias para bananas, registros fitosanitarios en montes de manzana y pera, residuos de plaguicidas y el tránsito de frutos de banano en determinadas regiones del país.
Qué cambia para el sector
Desde el Ejecutivo remarcaron que todas las materias alcanzadas por las resoluciones derogadas siguen estando contempladas dentro del régimen fitosanitario vigente, aunque mediante procedimientos actualizados administrados por el Senasa.
La Secretaría de Agricultura explicó que mantener normas que ya no tienen aplicación práctica genera superposiciones, dificulta la interpretación del marco regulatorio y aumenta la complejidad administrativa para los operadores de la cadena agroalimentaria.
En ese sentido, la intención oficial con la desregulación es consolidar un sistema jurídico más claro, coherente y accesible, facilitando el cumplimiento de las obligaciones sanitarias sin afectar los estándares de control que exige el comercio nacional e internacional.
Las ocho resoluciones que quedaron sin efecto
La Resolución 114/2026 derogó las resoluciones 878/1992, 99/1994, 648/1994, 715/1994, 405/1998, 561/1999, 823/2006 y 262/2013, todas vinculadas con distintos aspectos del régimen fitosanitario argentino.
Entre ellas figuraban medidas transitorias relacionadas con la implementación de la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), prohibiciones para el ingreso de bananas provenientes de países con determinadas plagas cuarentenarias, requisitos para importar maquinaria agrícola usada y papa semilla, además del antiguo Cuaderno Fitosanitario utilizado por productores de manzana y pera.
También quedaron sin vigencia tras la desregulación normas que incorporaban regulaciones del Mercosur sobre residuos de plaguicidas y otras vinculadas con el transporte de frutos de banano en provincias del norte argentino.
Los argumentos del Gobierno
La desregulación y actualización normativa forma parte del proceso de modernización del Estado impulsado por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El objetivo es revisar el entramado regulatorio para eliminar cargas administrativas consideradas innecesarias y reducir la dispersión normativa.
Desde Agricultura sostienen que un marco regulatorio simplificado mejora la seguridad jurídica y facilita el trabajo tanto de productores como de exportadores, importadores y demás actores de la cadena agroalimentaria.
Además, remarcaron que la depuración del Digesto Normativo permitirá contar con un conjunto de normas más ordenado y sencillo de consultar, evitando la coexistencia de resoluciones que ya habían perdido vigencia práctica.
Sin cambios en los controles sanitarios
El Gobierno aclaró que la desregulación no afecta derechos adquiridos ni modifica la validez de los actos administrativos realizados mientras esas resoluciones estuvieron vigentes. Tampoco altera las exigencias sanitarias que actualmente rigen para el comercio de productos agropecuarios.
La nueva resolución comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Con esta desregulación, el Ejecutivo profundiza su estrategia de simplificación administrativa en el agro, aunque insiste en que la actualización normativa no supone una flexibilización de los controles fitosanitarios, sino una reorganización del sistema para hacerlo más eficiente y adaptado a los estándares actuales.
