Tregua en los puertos: una conciliación frenó el paro por 15 días
La conciliación obligatoria dictada por el Gobierno evitó un paro nacional en los puertos cerealeros, pero no logró cerrar el conflicto salarial entre la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC). La medida de fuerza estaba prevista para comenzar el miércoles a las 22 en las terminales portuarias de todo el país.
La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo dispuso retrotraer el conflicto y abrir un período de 15 días para buscar un acuerdo, con una audiencia virtual convocada para el próximo 25 de agosto. Mientras tanto, las operaciones en los puertos continuarán con normalidad, aunque en el sector empresario existe preocupación por la posibilidad de que el conflicto se traslade a otras actividades vinculadas con la logística.
Urgara dejó en claro que el reclamo salarial continúa vigente y advirtió que, si al finalizar la conciliación no existe una recomposición, retomará las medidas de fuerza. El gremio sostiene que los trabajadores perdieron poder adquisitivo entre mayo y agosto y cuestiona que la actividad portuaria se encuentre en niveles récord.
La oferta empresaria quedó lejos del reclamo
La CPPC ratificó después de la conciliación su “constante vocación de diálogo” y defendió la propuesta presentada durante las negociaciones paritarias. La entidad sostuvo que su oferta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Según la cámara, la propuesta contempla un aumento del 16% desde agosto, que lleva el ajuste anual al 31,99%, además de una asignación extraordinaria de hasta $359.095 en dos cuotas. La entidad remarcó que el incremento anual se encuentra por encima de la inflación proyectada del 30,2%.
La propuesta también incorpora una cláusula de revisión paritaria, que permitiría ajustar el acuerdo hacia arriba o hacia abajo si la inflación efectiva se diferencia de las previsiones utilizadas al momento de la negociación.
El temor por un paro que trascienda los puertos
La CPPC considera que aceptar el porcentaje reclamado por el gremio tendría un impacto significativo sobre la estructura salarial futura de las empresas. Según la entidad, implicaría anticipar casi un trimestre de inflación estimada y alteraría la ecuación económica de las compañías.
La cámara también señaló que había aceptado la propuesta oficial de abonar por separado los reajustes correspondientes a mayo, junio y julio, aunque afirmó que esa alternativa fue rechazada por Urgara. En ese contexto, pidió preservar la paz social y advirtió que una paralización de los puertos graneleros sería perjudicial para el comercio exterior argentino.
La preocupación no se limita a las terminales. Fuentes del sector alertaron que el conflicto podría trasladarse a otras actividades vinculadas con la operatoria portuaria, como el acopio o la Cámara de Empresas de Control de la República Argentina (Cadecra).
El costo de detener un buque
En la actividad recuerdan que una situación similar ocurrió el año pasado, cuando después de una conciliación dictada para la CPPC se produjo una medida de fuerza en otra rama vinculada a la operatoria. Según las fuentes consultadas, aquella protesta provocó un día y medio de interrupciones.
El impacto económico de una paralización puede ser significativo. De acuerdo con estimaciones del sector, cada buque inmovilizado genera costos cercanos a US$30.000 por día, a los que deben sumarse gastos de practicaje, demoras y otros costos logísticos. La cifra adquiere mayor dimensión cuando se multiplica por la cantidad de barcos que esperan para cargar en los puertos.
La audiencia del 25 de agosto será, de esta manera, el próximo capítulo de una negociación que mantiene en alerta a toda la cadena exportadora. La tregua permitió evitar una interrupción inmediata, pero el conflicto continúa abierto y las próximas dos semanas serán decisivas para determinar si los puertos mantienen su actividad normal o vuelven a quedar bajo amenaza de paro.
