El agro presiona al Senado para acelerar la nueva Ley de Biocombustibles
Dieciocho entidades vinculadas con la agroindustria reclamaron al Senado de la Nación que avance con carácter urgente en el tratamiento del proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en Argentina. La iniciativa obtuvo dictamen favorable la semana pasada en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
El pedido fue encabezado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y acompañado por cámaras empresarias, bolsas de cereales y comercio, entidades agropecuarias y representantes del sector académico. En una carta dirigida a los senadores, las instituciones calificaron al texto como “superador” del régimen vigente y remarcaron su importancia para el desarrollo energético, industrial y productivo del país.
Un reclamo que reúne a toda la cadena
Entre las entidades que firmaron el documento se encuentran CIARA, Carbio, Maizar, Coninagro, el Centro Azucarero Argentino y el Centro de Exportadores de Cereales, además de las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Buenos Aires y las Bolsas de Comercio de Chaco y Rosario.
También adhirieron la Fundación Barbechando, la Cámara de Alcoholes, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Cañeros Unidos del Este, Biopyme y las organizaciones de productores cañeros de Tucumán, Jujuy y Salta. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba completó el listado de instituciones que respaldaron el pedido en torno a una nueva Ley de Biocombustibles.
Para el complejo agroindustrial, el dictamen representa una oportunidad para modernizar una normativa que consideran insuficiente frente a las nuevas necesidades del mercado energético. Por eso, las entidades solicitaron que los senadores le otorguen pronto tratamiento en el recinto y avancen hacia su sanción definitiva.
Más cortes y un mercado con mayor competencia
Uno de los principales cambios destacados en los biocombustibles por las instituciones es el incremento progresivo de los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiesel y bioetanol con gasoil y naftas. El objetivo es ampliar la utilización de materias primas provenientes de la agroindustria y generar una mayor demanda para las producciones vinculadas con ambos combustibles.
El proyecto también apunta a consolidar a los biocombustibles como una herramienta para reducir las emisiones del transporte y avanzar en la transición energética. Según las entidades, una mayor participación de estos combustibles permitiría acercar a Argentina a los estándares internacionales de mitigación del cambio climático.
A la vez, sostienen que el incremento de los cortes puede aportar mejoras en las propiedades técnicas de los combustibles, entre ellas el octanaje de las mezclas. La propuesta incorpora, además, una visión de mercado de biocombustibles más abierta, con posibilidades para el desarrollo de autos flex, kits de conversión y estaciones de servicio destinadas al expendio de etanol.
Previsibilidad para invertir y nuevas oportunidades
Otro de los puntos que el sector considera centrales es la posibilidad de contar con 15 años de previsibilidad para las inversiones en biocombustibles. Para las cámaras, esa condición resulta determinante para promover nuevos proyectos industriales y ampliar la capacidad instalada.
El esquema también contempla mayores posibilidades de utilización de bioetanol y biodiesel a nivel provincial y abre la puerta al desarrollo de nuevos productos energéticos, como el combustible sostenible para aviación (SAF) y alternativas destinadas al transporte marítimo.
Las entidades remarcaron que la apertura hacia un mercado competitivo constituye una condición necesaria para que la industria pueda crecer, incorporar tecnología y diversificar su producción. En ese sentido, consideran que el nuevo marco puede generar oportunidades que exceden al mercado tradicional de biocombustibles.
Impacto en las economías regionales
El reclamo del agro también pone el foco en el impacto territorial de la nueva legislación. Las instituciones sostienen que una mayor producción de biocombustibles permitiría agregar valor en origen, generar empleo y movilizar inversiones en distintas regiones del país.
Además, plantearon que un esquema competitivo de oferta puede contribuir a contener el impacto sobre el precio final de los combustibles, beneficiando a los consumidores sin resignar el desarrollo de las cadenas productivas.
