Productores del norte salen al cruce de la reforma de semillas y buscan apoyo para frenarla
Mientras el Gobierno nacional avanza con nuevas medidas para reforzar la protección de la propiedad intelectual y explora una reforma de la ley de semillas, productores del norte argentino comenzaron a movilizarse para intentar frenar cambios que consideran perjudiciales para la actividad. La iniciativa es encabezada por la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que ya inició gestiones políticas en Tucumán para hacer llegar sus planteos a legisladores nacionales.
La reacción del sector surge luego de que la administración nacional oficializara un nuevo protocolo de control varietal y abriera una ronda de conversaciones con entidades rurales y representantes de la industria semillera. Para Apronor, el rumbo que está tomando la discusión genera preocupación entre los productores, especialmente por las implicancias que podría tener sobre el uso de semillas y los costos de producción.
Con ese objetivo, directivos de la entidad mantuvieron una reunión con el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro. Allí solicitaron respaldo institucional para acercar su posición a diputados y senadores nacionales de la provincia antes de que avance cualquier modificación legislativa.
Preocupación por UPOV 91 y los mecanismos de control
El presidente de Apronor, Hugo Meloni, explicó a La Nación que la intención es que los legisladores conozcan la visión de los productores antes de que eventualmente deban pronunciarse sobre una reforma en torno a las semillas. Según indicó, la entidad busca evitar que se aprueben cambios sin un análisis profundo de sus consecuencias para el sector agropecuario.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado con la posible incorporación de criterios asociados a UPOV 91, el convenio internacional que amplía la protección de los derechos de los obtentores vegetales. Aunque todavía no existe un proyecto oficial, Meloni afirmó que los productores observan señales que anticipan una orientación desfavorable para la actividad agrícola.
A esto se suma la inquietud por los futuros mecanismos de fiscalización. Desde Apronor consideran que existe el riesgo de que los controles terminen siendo realizados por actores privados vinculados al negocio semillero. Para la entidad, esa situación podría generar conflictos de intereses al convertir a los mismos actores del mercado en fiscalizadores del sistema.
Un debate que lleva años sin consenso
La discusión sobre la ley de semillas no es nueva. La normativa vigente fue sancionada en 1973 y desde entonces distintos gobiernos intentaron actualizarla sin lograr consensos duraderos. Mientras las empresas desarrolladoras de genética sostienen que una mayor protección de la propiedad intelectual resulta clave para atraer inversiones y acelerar la innovación, numerosas organizaciones de productores reclaman preservar derechos históricos y evitar mayores costos.
En paralelo a este debate, el Gobierno puso en marcha un nuevo protocolo para verificar la identidad genética de determinadas variedades protegidas mediante análisis realizados sobre muestras obtenidas en distintos puntos de la cadena comercial. La medida alcanza a las variedades de semillas que se inscriban de ahora en adelante y forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la trazabilidad del sistema.
Para Apronor, sin embargo, el debate debe contemplar el impacto económico sobre los productores. Por esa razón, la entidad decidió involucrarse políticamente desde esta etapa inicial y acordó con las autoridades tucumanas participar de futuras reuniones.
Más entidades se suman a las críticas
La preocupación expresada por Apronor en torno al nuevo control sobre las semillas también encontró eco en otras organizaciones del sector. En las últimas horas, Bases Federadas difundió un comunicado en el que cuestionó el nuevo protocolo oficial y advirtió sobre un posible avance hacia esquemas inspirados en UPOV 91.
La entidad sostuvo que las medidas impulsadas por el Ejecutivo favorecen a los grandes semilleros y dejan a los productores en una posición más vulnerable frente a los mecanismos de control. Además, vinculó la discusión con una visión más amplia sobre las políticas agropecuarias impulsadas por el Gobierno nacional.
