Reglamento “libre de deforestación”: el reclamo de Argentina ante la Unión Europea
En un nuevo capítulo de la libre deforestación, el Gobierno argentino presentó en las últimas horas un reclamo formal ante la Unión Europea (UE) por la reciente calificación de “riesgo medio” en materia de deforestación que el bloque europeo asignó al país en el marco del nuevo reglamento comunitario que impone condiciones ambientales a las importaciones de productos agropecuarios y forestales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería fueron las encargadas de comunicar el rechazo de esta decisión, al considerar que Argentina cumple con todos los requisitos para ser catalogada como país de “riesgo bajo”.
El reglamento y la polémica por la libre deforestación
La normativa de deforestación en cuestión, conocida como Reglamento “libre de deforestación”, exige que los productos exportados hacia Europa —en particular soja, carne bovina y madera— provengan de campos que no hayan sido deforestados a partir de 2020. Su aplicación estaba prevista para enero de 2025, pero fue postergada hasta el 1° de enero de 2026 luego del fuerte rechazo de países proveedores, entre ellos Argentina y los socios del Mercosur.
Sin embargo, la controversia se reavivó cuando la Comisión Europea publicó un ranking preliminar que evalúa a los países exportadores según su nivel de riesgo de deforestación. En esa clasificación, Argentina fue ubicada en un nivel intermedio, lo que generó malestar tanto en el Gobierno como en las principales cadenas agroindustriales del país, que consideran que se cumplen los estándares para ser incluidos en la categoría de “riesgo bajo”.
Ante esta situación, el reclamo oficial fue dirigido a la Comisaría de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE. En el documento, el Gobierno argentino solicitó que se reconsidere la calificación antes del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que entrará en vigor el reglamento. Además, pidió abrir un diálogo bilateral para discutir la aplicación práctica de la normativa.
La Secretaría de Agricultura explicó en un comunicado que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el artículo 29 del Reglamento, Argentina debería ser considerada de bajo riesgo. Asimismo, recordó que desde el inicio del proceso regulatorio el país ha expresado objeciones de fondo al enfoque unilateral de la UE, por considerarlo una barrera comercial injustificada que entra en conflicto con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A pesar de sus cuestionamientos, el gobierno adoptó una postura pragmática para minimizar el impacto sobre sus exportaciones. Junto con el sector privado, ha venido trabajando con la Comisión Europea, los Estados Miembros y operadores europeos para facilitar el cumplimiento de las exigencias. Una de las herramientas desarrolladas en este marco es la plataforma VISEC, que permite monitorear la trazabilidad y la sustentabilidad de las cadenas productivas. Esta iniciativa fue presentada a las autoridades europeas como muestra del compromiso argentino, aunque también recibió críticas de algunas entidades rurales del país, que ven en el reglamento una intromisión indebida en las políticas productivas y ambientales nacionales.
Además, el Gobierno entregó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe técnico que detalla la situación de las cadenas de valor de soja, carne bovina y productos forestales, con datos actualizados que respaldan el estatus de bajo riesgo que reclama la Argentina.
Desde Agricultura también llamaron la atención sobre un punto clave: la reciente firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la UE, que incluye compromisos ambientales en materia de deforestación, no fue tenida en cuenta al momento de asignar el nivel de riesgo país. Este punto fue señalado como una omisión relevante, considerando que forma parte de un acuerdo político y comercial de alto nivel entre los bloques.
El reclamo argentino se suma al de otros países de la región que ven con preocupación la implementación del reglamento europeo. La disputa promete continuar en los meses venideros, con negociaciones técnicas y políticas que buscarán encontrar un punto de equilibrio entre los objetivos ambientales de Europa y los intereses comerciales de sus socios estratégicos.
