El Gobierno frena el proyecto de ecocidio tras el rechazo del campo
El proyecto que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal quedó en una situación de fuerte incertidumbre luego del rechazo expresado por las entidades agropecuarias. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, aseguró a LA NACIÓN que la iniciativa no llegará al recinto, una definición que busca llevar tranquilidad a un sector que había advertido sobre los riesgos de avanzar con una legislación de alcance penal y conceptos considerados imprecisos.
La propuesta de ecocidio, impulsada por la senadora por Chubut Edith Terenzi, había obtenido dictamen favorable el 9 de junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Sin embargo, la reacción posterior modificó el escenario: los legisladores de LLA que habían acompañado el despacho solicitaron retirar sus firmas y comenzaron a plantearse cambios sustanciales.
“La idea es no tratarlo”, afirmó Bullrich a LA NACION al ser consultada sobre el futuro de la iniciativa. La senadora ya había anticipado que el texto sería modificado de manera profunda: “El proyecto va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”. Ahora, la definición del oficialismo directamente apunta a evitar que llegue al recinto.
El campo cuestionó la técnica legislativa
El principal rechazo a la figura de ecocidio provino de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como su técnica legislativa. La entidad sostuvo que proteger el ambiente es un objetivo compartido, pero advirtió que no puede hacerse mediante normas penales imprecisas o incompatibles con la Constitución Nacional.
Para CRA, la Argentina ya dispone de un amplio conjunto de herramientas para proteger los recursos naturales. La Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y las normas provinciales conforman, según la entidad, un entramado suficiente.
Uno de los principales puntos de conflicto es la utilización de expresiones como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” y “afectación multiecosistémica”, que CRA considera conceptos vagos y sin parámetros objetivos. Según la entidad, esa falta de precisión podría afectar el principio de legalidad y dificultar que productores y empresas conozcan de antemano qué conductas podrían configurar un delito.
La advertencia por una “ley penal en blanco”
CRA también puso el foco en la estructura jurídica del proyecto de ecocidio. La entidad calificó a la iniciativa como una “ley penal en blanco”, debido a que remite a normas nacionales, provinciales e incluso municipales para determinar los alcances de las conductas sancionadas.
Desde la organización rural advirtieron que esa característica podría generar diferencias según la jurisdicción y afectar la seguridad jurídica. Una misma actividad podría quedar alcanzada de manera diferente dependiendo del lugar donde se desarrolle, un escenario que, según CRA, resultaría incompatible con la previsibilidad que debería tener el derecho penal.
El cuestionamiento también alcanzó al impacto potencial de la figura de ecocidio sobre la actividad económica. La entidad alertó que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos podrían enfrentar procesos penales por decisiones adoptadas dentro de actividades lícitas y reguladas. El riesgo, según CRA, sería desalentar inversiones y generar una creciente judicialización de la producción.
Qué propone el proyecto de ecocidio
La iniciativa plantea crear un nuevo Título XIV del Código Penal, denominado “Delitos contra el ambiente”, e incorporar allí la figura del ecocidio. El texto considera delito provocar daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental.
Las sanciones previstas van desde tres hasta 10 años de prisión para determinados daños, mientras que los casos considerados irreversibles podrían recibir penas de cinco a 15 años. Si el hecho provoca muertes, las condenas podrían llegar hasta 25 años y aumentar aún más cuando haya dos o más víctimas fatales.
Producción y ambiente, en el centro del debate
Para CRA, el alcance potencial excede ampliamente al sector agropecuario. La minería, la energía, la industria, la infraestructura y el transporte también podrían quedar expuestos si la norma de ecocidio avanzara con la redacción cuestionada.
La entidad reclamó al Congreso una revisión integral y sostuvo que la defensa ambiental debe convivir con la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, el federalismo, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo.
