Nuevo esquema para infracciones en el comercio agropecuario
El Gobierno nacional avanzó con la implementación de un nuevo instructivo administrativo para el tratamiento de infracciones en el comercio agropecuario, formalizado a través de la Resolución 89/2026. La medida, publicada este 25 de junio en el Boletín Oficial, busca ordenar la investigación de incumplimientos en las cadenas de carnes y granos, con el objetivo de dar mayor previsibilidad al sistema de control.
La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Desde el organismo se aclaró que la norma no incorpora nuevas obligaciones para los operadores, sino que reorganiza el funcionamiento interno de los procesos sancionatorios.
En ese sentido, el nuevo esquema apunta a unificar criterios entre las áreas técnicas y legales que intervienen en las fiscalizaciones del comercio agropecuario. También busca fortalecer la eficiencia del sistema de control y garantizar el derecho de defensa, en un contexto de revisión de herramientas estatales vinculadas a la actividad agrocomercial.
Etapas del proceso y plazos más precisos
Uno de los cambios centrales de la resolución es la incorporación de plazos estrictos para cada etapa del procedimiento administrativo. Tras una fiscalización o la recepción de documentación, la Dirección de Fiscalización Comercial Agropecuaria contará con 20 días para analizar el expediente y definir si corresponde su archivo o la continuidad del sumario.
Durante esa etapa, el organismo podrá solicitar información adicional con un plazo de cinco días prorrogables, lo que introduce mayor flexibilidad en la recolección de pruebas. Si existen elementos suficientes, se elaborará una Evaluación Técnica donde se detallarán las presuntas infracciones detectadas.
Posteriormente, el expediente será elevado a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que tendrá otros 20 días para notificar formalmente al operador involucrado e impulsar el proceso sancionatorio. Este ordenamiento busca reducir demoras y aportar mayor claridad a la operatoria administrativa del comercio agropecuario.
Derecho de defensa y digitalización de notificaciones
El nuevo instructivo de infracciones al comercio agropecuario refuerza las garantías del administrado al establecer un plazo de 10 días para que el operador pueda presentar su descargo, aportar pruebas y ejercer su defensa formal. Este período comienza a partir de la notificación de las presuntas infracciones y puede incluir patrocinio letrado.
Las presentaciones se realizarán de manera digital a través de canales oficiales, como el correo institucional o la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Esta herramienta permite centralizar los trámites administrativos y agilizar la gestión de expedientes, en línea con el proceso de digitalización del Estado.
Las notificaciones, por su parte, serán obligatoriamente electrónicas y se enviarán al domicilio fiscal declarado en sistemas como SIOCAL o SISA. Este mecanismo apunta a reducir tiempos administrativos y mejorar la trazabilidad de las comunicaciones oficiales.
Sanciones, controles finales y aplicación de multas
En caso de ser necesario, el expediente podrá regresar al área técnica para la elaboración de informes complementarios. Luego, la Dirección Nacional emitirá un informe legal integrador que permitirá evaluar pruebas, argumentos y antecedentes del operador antes de definir una sanción por una infracción en el comercio agropecuario.
Cuando se constate una infracción en el comercio agropecuario, el informe podrá establecer el tipo de sanción y el monto de la multa, considerando circunstancias agravantes o atenuantes del caso, así como el historial del infractor. Antes de la resolución final, deberá intervenir el Servicio Jurídico Permanente del organismo.
Finalmente, la normativa regula el cobro de multas firmes y habilita mecanismos de ejecución administrativa o judicial, incluyendo la emisión de títulos ejecutivos. El nuevo instructivo ya está vigente y se aplica a todas las actuaciones iniciadas desde el 25 de junio de 2026, consolidando un esquema más ordenado, digital y uniforme para el control del comercio agropecuario.
