SENASA actualizó el reglamento para productos de origen animal y eliminó un requisito histórico
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, con el objetivo de modernizar el sistema de fiscalización y adecuarlo a los cambios tecnológicos y normativos que experimentó la cadena agroalimentaria en las últimas décadas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 592/2026, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Entre las principales modificaciones, la nueva normativa del SENASA elimina la obligatoriedad de que los establecimientos habilitados cuenten con un Director Técnico, un requisito que regía desde hace décadas y que, según el organismo sanitario, perdió vigencia debido a la consolidación del actual sistema oficial de control higiénico-sanitario.
Un reglamento adaptado al sistema actual
La resolución introduce cambios en el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado originalmente por el Decreto 4238/68, con el propósito de actualizar un marco regulatorio que acompañe la evolución de los procesos productivos y de control.
Desde el SENASA señalaron que la eliminación de la figura obligatoria del Director Técnico responde a la transformación que experimentó el sistema de fiscalización, donde las garantías de inocuidad ya no dependen exclusivamente de un profesional responsable dentro del establecimiento, sino de un conjunto de mecanismos integrados de control.
En este sentido, la actualización normativa busca fortalecer un modelo basado en la responsabilidad de los operadores de la cadena agroalimentaria, acompañado por herramientas de fiscalización oficial, procedimientos documentados y sistemas de autocontrol que permiten garantizar la seguridad de los alimentos de origen animal.
Menos requisitos, pero sin reducir los controles
El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no implica una flexibilización de los estándares sanitarios, sino una adecuación del reglamento a la realidad operativa y tecnológica del sector.
Actualmente, las garantías de inocuidad de los productos de origen animal descansan sobre un sistema integral que contempla la habilitación de los establecimientos, la fiscalización oficial permanente, la implementación de procedimientos estandarizados, los sistemas de autocontrol y la responsabilidad directa de quienes producen, elaboran y comercializan los alimentos.
De esta manera, el SENASA apunta a eliminar superposiciones normativas y simplificar las exigencias administrativas, sin modificar las obligaciones esenciales vinculadas a la sanidad y la calidad de los productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.
La responsabilidad recae sobre toda la cadena
La actualización del SENASA también se apoya en lo dispuesto por la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad y la calidad agroalimentaria y establece que la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar la inocuidad, la higiene y la calidad de los alimentos corresponde a todos los actores de la cadena productiva.
Bajo ese enfoque, el Estado mantiene su rol de fiscalización y control, mientras que los operadores deben implementar las herramientas necesarias para asegurar que los procesos productivos cumplan con las exigencias sanitarias vigentes.
Según explicó el SENASA, el modelo actual combina controles oficiales permanentes con mecanismos preventivos desarrollados por las propias empresas, una metodología que se encuentra alineada con los estándares internacionales utilizados por los principales mercados agroalimentarios.
Modernización para fortalecer la competitividad
Con esta resolución, el SENASA busca acompañar la modernización de la industria alimentaria y facilitar el desarrollo de la producción y el comercio de productos de origen animal, manteniendo las garantías que protegen la salud pública.
El organismo destacó que la adecuación normativa armoniza el histórico Reglamento de Inspección con el marco jurídico vigente, incorpora los avances tecnológicos registrados en la producción de alimentos y reduce cargas regulatorias que ya no resultaban necesarias dentro del actual esquema de control.
Además, la simplificación del marco regulatorio favorece una mayor eficiencia en los procesos de fiscalización, evita duplicidades administrativas y brinda mayor previsibilidad a los establecimientos habilitados, sin afectar los estándares de calidad e inocuidad exigidos por la legislación nacional.
