Impulsan en el Congreso un proyecto para eliminar las retenciones y prohibir su regreso
Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca avanzar hacia la eliminación total de las retenciones al agro y, al mismo tiempo, impedir que puedan ser reinstauradas por decisión unilateral del Poder Ejecutivo. La iniciativa propone una reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX) hasta llegar a una alícuota cero en 2029, con el objetivo de brindar previsibilidad al sector productivo.
El proyecto fue impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia, del espacio Provincias Unidas, junto a otros legisladores de distintos bloques. A través de sus redes sociales, la dirigente defendió la necesidad de establecer reglas estables para el campo. “Sin decretos de madrugada y sin cambios permanentes en las reglas de juego, presentamos este proyecto para eliminar las retenciones”, expresó.
Un cronograma de baja gradual hasta 2029
El texto presentado en el Congreso establece un esquema progresivo de reducción de retenciones que abarcará a toda la cadena agroindustrial. La iniciativa incluye cereales, oleaginosas y derivados industriales, como harinas, aceites y subproductos vinculados a la producción agroexportadora.
La reducción prevista será lineal y alcanzará un 25% anual sobre la alícuota vigente al momento de aprobarse la ley. De este modo, el cronograma contempla un primer recorte en 2026, seguido de nuevas bajas acumuladas en 2027 y 2028, hasta llegar a una eliminación total de las retenciones a partir del 1° de diciembre de 2028, ya correspondiente al ciclo comercial 2029.
Según los autores del proyecto, el objetivo es garantizar una transición ordenada y dar previsibilidad a largo plazo. La iniciativa define la eliminación de las retenciones como “irreversible”, buscando evitar futuros cambios discrecionales que alteren las condiciones de producción y comercialización.
Un límite al Poder Ejecutivo
Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para intervenir sobre los Derechos de Exportación. El proyecto establece expresamente que el Gobierno no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevas retenciones sobre los productos alcanzados.
En paralelo, los legisladores proponen reforzar el principio de legalidad tributaria. El texto señala que cualquier modificación futura sobre alícuotas deberá ser aprobada mediante una ley formal del Congreso. Como complemento, se impulsa la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilita al Ejecutivo a fijar retenciones de manera unilateral.
La iniciativa también contempla la situación de las provincias. En ese marco, aclara que la reducción de estos tributos no podrá traducirse en recortes de coparticipación federal ni afectar los fondos que reciben las jurisdicciones provinciales. El objetivo es evitar que las provincias pierdan recursos por una eventual caída de la recaudación nacional.
El reclamo histórico del interior productivo
En los fundamentos del proyecto, los legisladores plantean una crítica estructural al actual esquema tributario. “El interior produce riqueza que luego se concentra en el centro del país”, sostienen en el documento, retomando un reclamo histórico de gran parte del sector agropecuario.
Los autores remarcan que las retenciones afectan directamente a las economías regionales y cuestionan que se trate de un impuesto aplicado sobre ingresos brutos y no sobre rentabilidad. “Los Derechos de Exportación no distinguen si el productor ganó o perdió dinero”, argumentan, señalando que esto impacta especialmente sobre pequeños y medianos productores.
También subrayan el peso estratégico del agro para la economía argentina. Según el proyecto, el complejo agroexportador generó más de 31.000 millones de dólares en 2025 y se consolidó como la principal fuente de ingreso de divisas para el país.
El impacto fiscal y la apuesta al crecimiento
Otro de los ejes del debate gira en torno al efecto fiscal que podría tener una eliminación gradual de las retenciones. Los impulsores del proyecto sostienen que la caída en la recaudación aduanera podría compensarse con un mayor ingreso por otros tributos, como Ganancias e IVA, a partir de un incremento de la producción y las exportaciones.
Además, la iniciativa prevé la creación de un mecanismo de monitoreo a cargo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ese organismo deberá elaborar informes anuales sobre el impacto fiscal, productivo y exportador de la medida, con el fin de evaluar sus resultados a lo largo del tiempo.
