Diputados avanza con penas de hasta 8 años por vandalismo rural
La Cámara de Diputados dio un paso clave para incorporar una figura específica de vandalismo rural al Código Penal. El proyecto impulsado por Martín Ardohain (PRO) obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, con 41 firmas sobre 66 legisladores presentes. También se presentaron dictámenes de minoría de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.
La iniciativa propone establecer una respuesta penal específica frente a situaciones que afectan a establecimientos agropecuarios, desde el ingreso no autorizado a un campo hasta daños sobre cultivos, silobolsas, infraestructura y bienes vinculados directamente con la producción. El proyecto, presentado en mayo de 2026, plantea modificaciones al Código Penal y ahora quedó habilitado para continuar su tratamiento en el recinto de la Cámara baja.
Durante el debate sobre la figura de vandalismo rural, Ardohain sostuvo que se trata de un reclamo proveniente de distintas regiones productivas. El legislador afirmó que el objetivo es superar lo que definió como una “visión urbanística del Código Penal” y brindar una herramienta específica para situaciones que ocurren en establecimientos rurales.
Una nueva figura para el ingreso a establecimientos rurales
Uno de los principales cambios previstos es la incorporación del artículo 150 bis, que establecería una pena de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La propuesta contempla que esa voluntad pueda presumirse cuando existan cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso.
El texto sobre vandalismo rural también contempla excepciones. El delito no se configuraría cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar impidan distinguir claramente el límite con la vía pública. De esta manera, la propuesta busca diferenciar una entrada no autorizada a un predio rural de situaciones en las que existen motivos legítimos para acceder al establecimiento.
Según Ardohain, actualmente determinadas situaciones de ingreso a predios rurales reciben tratamiento como contravenciones y no cuentan con una figura penal específica.
Hasta ocho años por daños que afecten la producción
El segundo eje del proyecto sobre vandalismo rural es la incorporación del artículo 184 bis, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Además, prevé multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado.
La protección propuesta alcanza a cereales y oleaginosas sin cosechar, además de productos ya recolectados que se encuentren almacenados en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otras unidades de almacenamiento. También incluye bienes e infraestructura cuya afectación tenga consecuencias directas sobre el proceso productivo.
El objetivo es que la respuesta penal ante el vandalismo rural contemple no solamente el daño sobre un objeto físico, sino también el perjuicio generado sobre el ciclo económico de una explotación agropecuaria.
Cruces entre oficialismo y oposición
El avance del proyecto sobre vandalismo rural estuvo acompañado por cuestionamientos de sectores opositores. Desde Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez consideró que la iniciativa podría generar superposición con figuras que ya existen en el Código Penal y cuestionó que la propuesta constituya una solución adecuada para la problemática. Su bloque presentó un dictamen de minoría.
Desde Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez respaldó el avance y destacó la incorporación de los artículos 150 bis y 184 bis como una forma de precisar la respuesta penal frente a hechos vinculados con establecimientos rurales. En tanto, el Frente de Izquierda también presentó un dictamen de minoría y cuestionó el enfoque de la iniciativa.
Con el dictamen de mayoría ya firmado, el proyecto quedó en condiciones de avanzar al recinto. Allí comenzará una nueva etapa de discusión sobre el alcance de las nuevas figuras de vandalismo rural, las penas propuestas y su articulación con la legislación penal vigente.
