Rutas nacionales: cuestionan la falta de obras y el destino de $1,5 billones
El deterioro de las rutas nacionales volvió a instalarse en el centro de la agenda política a partir de un pedido de informes presentado por el bloque de diputados de Provincias Unidas, que busca conocer qué ocurrió con los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Según la documentación citada por los legisladores, entre 2024 y mayo de 2026 el sistema recaudó $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a infraestructura vial.
La cifra implica que apenas el 26,2% de los fondos recaudados llegó efectivamente a obras, mientras que más de un billón de pesos permaneció invertido en instrumentos financieros. El reclamo, encabezado por la presidenta de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, apunta a determinar dónde están esos recursos y por qué no fueron utilizados para atender el deterioro de la red vial nacional.
Qué información reclama el Congreso
El pedido de informes pretende que el Gobierno nacional detalle cuánto dinero ingresó al fideicomiso, qué monto debía destinarse a infraestructura y cuánto fue efectivamente ejecutado. También solicita identificar dónde se encuentran los fondos que no fueron utilizados en rutas y conocer las obras realizadas con los recursos del SisVial.
Además, los diputados buscan saber qué organismos controlaron la administración del dinero y bajo qué normativa se tomaron las decisiones vinculadas con su utilización. El reclamo surge en un momento en que las condiciones de numerosas rutas nacionales generan preocupación, particularmente en los corredores que conectan las zonas productivas con los puertos y centros industriales.
Para las provincias agroindustriales, el estado de la infraestructura tiene un impacto que va mucho más allá de la seguridad vial. Una ruta deteriorada aumenta los costos logísticos, extiende los tiempos de traslado y complica el movimiento de granos, insumos y mercadería.
Santa Fe pone el foco en las rutas estratégicas
La situación de Santa Fe ocupa un lugar central en el reclamo de Scaglia. La provincia concentra una parte fundamental de la producción agroindustrial argentina y cuenta con corredores de enorme importancia para el traslado de la cosecha hacia el complejo portuario del Gran Rosario.
La legisladora señaló que las rutas nacionales 33 y 34 deberían ser autopistas, pero actualmente representan un riesgo para quienes las utilizan. También sostuvo que el deterioro de la infraestructura vial no puede atribuirse exclusivamente a la actual administración nacional, porque se trata de un problema acumulado durante años.
Sin embargo, planteó que existe una necesidad inmediata: garantizar al menos el mantenimiento de las rutas existentes. Para la diputada, tareas básicas como reparar sectores dañados, cortar el pasto e iluminar zonas críticas no pueden seguir postergándose mientras miles de trabajadores, transportistas y familias circulan diariamente.
La A012 y una solución parcial
En este contexto, uno de los avances destacados fue el acuerdo alcanzado entre la Nación y Santa Fe para transferir a la provincia la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor clave para el acceso a las terminales portuarias del Gran Rosario.
A partir del traspaso, Santa Fe asumirá la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras utilizando recursos propios. La provincia buscará acelerar las intervenciones sobre una vía estratégica para la producción, aunque la medida no resuelve el deterioro general de la red nacional.
La Justicia también ordenó reparar rutas
El reclamo legislativo coincidió con una decisión de la Justicia Federal, que ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur santafesino. La resolución volvió a poner bajo la lupa el estado de corredores fundamentales para la circulación y el transporte de la producción.
Desde Provincias Unidas remarcaron que el pedido de informes no pretende imponer un modelo específico de gestión, sino conocer qué ocurrió con fondos que tienen una asignación determinada. La discusión, en definitiva, apunta a la transparencia y al cumplimiento del destino previsto para los recursos.
El debate adquiere especial relevancia para el agro. La falta de infraestructura vial termina trasladándose a los costos de producción y transporte, reduce la competitividad y genera mayores dificultades para llevar la producción desde las zonas rurales hasta los mercados.
