El Gobierno impulsa una desregulación histórica del agro, con cambios en el IPCVA y la COVIAR
El Gobierno nacional presentó un anteproyecto de Ley de Desregulación que propone una profunda transformación del marco regulatorio de la actividad agropecuaria y agroindustrial, con cambios que alcanzan a la promoción de la carne, la vitivinicultura, los arrendamientos rurales, el transporte de cabotaje y distintos sistemas de control. La iniciativa apunta a reducir la intervención estatal, eliminar aportes obligatorios y ampliar la competencia entre los actores privados.
De avanzar en el Congreso, el paquete de desregulación significará una de las reformas más importantes para el sector en las últimas décadas, ya que modifica o deroga leyes históricas y redefine el funcionamiento de organismos clave. Entre las medidas más relevantes aparecen la transformación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la flexibilización de normas que regulan la producción y el comercio.
Cambios para el IPCVA y el futuro de COVIAR
Uno de los puntos centrales del proyecto de Ley de Desregulación alcanza al IPCVA. El organismo continuará funcionando, pero dejará de financiarse mediante el aporte obligatorio que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado. En adelante, sus recursos provendrían de contribuciones voluntarias, donaciones, servicios técnicos, certificaciones, capacitaciones y rendimientos financieros.
La eliminación del aporte será gradual. El esquema vigente continuará hasta abril de 2027 y luego comenzará una reducción progresiva de los montos hasta septiembre de ese año. Desde el 1 de octubre de 2027 cesará definitivamente la percepción obligatoria, mientras que el SENASA y la Secretaría de Agricultura dejarán de actuar como organismos recaudadores de esos fondos.
En paralelo, el anteproyecto de Ley de Desregulación propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) mediante la derogación de la Ley 25.849. La entidad deberá presentar un informe de cierre con la rendición de cuentas y, posteriormente, completar su liquidación. Si no cumple los plazos previstos, la Secretaría de Agricultura podrá designar un interventor o liquidador, mientras que los recursos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Vitivinicultura y contratos rurales con nuevas reglas
La desregulación también introduce cambios relevantes en la legislación vitivinícola. El INV concentrará los controles obligatorios en la aptitud para consumo y la prevención de adulteraciones, mientras que las certificaciones vinculadas con origen, añada o varietal pasarán a ser opcionales y dependerán de la estrategia comercial de cada establecimiento.
Además, el organismo podrá delegar análisis y certificaciones en entidades públicas o privadas habilitadas, al tiempo que se incorporan nuevas herramientas para autorizar prácticas enológicas y actualizar definiciones técnicas. El objetivo oficial es otorgar mayor flexibilidad al sector y simplificar los procedimientos administrativos.
Otro capítulo propone derogar la histórica Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Los contratos actualmente vigentes mantendrán sus condiciones hasta el vencimiento, pero los nuevos acuerdos quedarán regidos exclusivamente por el Código Civil y Comercial, ampliando la libertad contractual entre propietarios y productores.
Cabotaje abierto y menos regulación
En materia logística, el proyecto de desregulación habilita que buques de bandera extranjera puedan realizar transporte de cargas entre puertos argentinos, una actividad reservada hasta ahora principalmente a embarcaciones nacionales. La medida busca incrementar la competencia, reducir costos y mejorar la competitividad de las exportaciones agroindustriales y de las economías regionales.
La propuesta establece que los armadores extranjeros podrán operar informando su ingreso a la autoridad competente y deberán incorporar progresivamente tripulación argentina o residente según el tiempo de permanencia. También prevé beneficios fiscales, facilita el acceso al combustible exento de impuestos para embarcaciones nacionales y promueve inversiones en la marina mercante y la infraestructura portuaria.
Finalmente, el anteproyecto elimina distintas regulaciones vinculadas con medicamentos veterinarios, modifica normas sobre alcoholes y vinos y redefine sistemas de control sanitario. Si obtiene respaldo legislativo, el agro argentino ingresará en un escenario de fuerte desregulación, con cambios que impactarán sobre la organización institucional, la logística, la comercialización y el funcionamiento de varias de las principales cadenas productivas del país.
