Retenciones: la Rural de Rosario pidió una ley para llevarlas a cero
La Sociedad Rural de Rosario reclamó que la reducción de las retenciones tenga respaldo legal y un cronograma definido hasta su eliminación total. La entidad respaldó la baja de alícuotas dispuesta por el Gobierno nacional, pero sostuvo que el sector agropecuario necesita reglas previsibles para planificar inversiones, aumentar la producción y mejorar su competitividad. El planteo incluye cambios normativos, mejores condiciones de financiamiento y modificaciones en la comercialización de granos.
La institución consideró que el debate debe ocupar un lugar central en la agenda legislativa, especialmente ante el tratamiento del Presupuesto 2027. En ese contexto, pidió que la reducción de las retenciones no dependa exclusivamente de decisiones del Poder Ejecutivo, sino que se establezca mediante una ley que garantice continuidad y previsibilidad para los productores.

Una ley para eliminar las retenciones
La Sociedad Rural de Rosario reclamó que el Congreso avance con iniciativas que establezcan una reducción progresiva de las retenciones hasta llegar a una alícuota del cero por ciento. La entidad recordó que en mayo se presentaron proyectos impulsados por los diputados Gisela Scaglia y Martín Ardohain, que aún no habían sido tratados, y pidió incorporarlos al debate parlamentario.
El planteo se fundamenta en la carga tributaria que soporta el agro. Según la institución, las retenciones se suman a otros impuestos nacionales, provinciales y municipales, lo que afecta los márgenes de rentabilidad y limita la capacidad de inversión.
Otro de los cuestionamientos apunta a la distribución de la recaudación. La entidad señaló que los derechos de exportación no se coparticipan con las provincias productoras, pese a la importancia de estas jurisdicciones en la generación de riqueza y exportaciones. En consecuencia, pidió revisar el esquema tributario y su impacto sobre el desarrollo de las regiones agropecuarias.

El Presupuesto 2027, en el centro del debate
Uno de los argumentos de la entidad se apoya en las proyecciones del Presupuesto 2027, que contempla ingresos por $12,06 billones en concepto de derechos de exportación, un 41,3% más que en 2026, aun con alícuotas más bajas. Para la organización, estas cifras refuerzan la necesidad de evaluar el efecto de las retenciones sobre la producción, las exportaciones y la actividad económica.
La Sociedad Rural de Rosario sostuvo que eliminar este tributo no debería interpretarse únicamente como un costo fiscal, sino como una inversión que puede recuperarse mediante una mayor actividad productiva. Según su planteo, una menor carga impositiva podría incentivar inversiones, ampliar los volúmenes producidos y generar nuevas oportunidades comerciales para el agro y la industria vinculada con el procesamiento de materias primas.
La entidad también cuestionó la posición argentina frente a sus competidores internacionales. En su documento, afirmó que el país es el único exportador de cereales que grava estas ventas y señaló que los productores locales compiten con países que aplican subsidios y otros mecanismos de apoyo a sus actividades agropecuarias.

Cambios legales y mejores condiciones financieras
Además de solicitar un cronograma para reducir las retenciones, la entidad propuso derogar el artículo 755 del Código Aduanero en lo referido a las facultades delegadas para establecer derechos de exportación. El objetivo es que la creación o el aumento de estos tributos requieran una ley del Congreso, de acuerdo con la interpretación que realiza del artículo 75 de la Constitución Nacional.
La propuesta busca limitar los cambios por decreto y otorgar mayor estabilidad a las reglas tributarias. Para la institución, un marco normativo previsible permitiría a los productores anticipar las condiciones económicas de cada campaña y tomar decisiones de inversión con menor incertidumbre.
El documento incorpora otras dos medidas: que los cereales se paguen en la moneda en la que cotizan, como ocurre con los insumos agropecuarios, y que se habiliten líneas de crédito con tasas bajas y condiciones sostenidas en el tiempo.
