El Gobierno aprobó una inversión de USD 550 millones para ampliar el gasoducto Perito Moreno
El Gobierno nacional oficializó el ingreso de Transportadora de Gas del Sur al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con la aprobación de la ampliación del gasoducto Perito Moreno. La iniciativa contempla una inversión de USD 550 millones y busca fortalecer el abastecimiento de gas en el área metropolitana de Buenos Aires y otras regiones del país.
La incorporación del proyecto sobre el gasoducto Perito Moreno fue formalizada mediante la Resolución 676/2026, publicada en el Boletín Oficial. La obra, denominada “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)”, fue encuadrada dentro del sector de Petróleo y Gas y se considera estratégica para robustecer la infraestructura energética nacional. Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proyecto permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de transporte de gas natural.
Según detalló la compañía, del total de la inversión prevista unos USD 513 millones serán considerados activos computables dentro del esquema de beneficios contemplado por el RIGI. Además, el plan estima la generación de 7.535 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, vinculados tanto a la construcción como a las tareas operativas asociadas a la ampliación del gasoducto Perito Moreno.
Una obra clave para el invierno de 2027
El cronograma oficial establece que la construcción del proyecto se extenderá durante 18 meses desde noviembre de 2025. La meta es que la ampliación del gasoducto Perito Moreno esté plenamente operativa antes del invierno de 2027, momento en el que se espera una mayor demanda de energía. La obra permitirá incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo energético de Buenos Aires, una cifra considerada clave para mejorar la capacidad de abastecimiento.
El proyecto en el gasoducto Perito Moreno contempla la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión a lo largo del trazado que une Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires. De esta manera, se busca optimizar el transporte del gas proveniente de Vaca Muerta y garantizar un flujo más eficiente hacia los principales centros de consumo del país.
Desde el Palacio de Hacienda remarcaron además que la iniciativa sobre el gasoducto Perito Moreno representa un cambio en el esquema de financiamiento de la infraestructura energética. “Después de más de 20 años, el sector privado vuelve a financiar, construir y vender capacidad de transporte de gas entre privados, sin intervención del Estado”, señalaron desde el Ministerio de Economía al destacar el nuevo modelo impulsado bajo el RIGI.
Exigencias del régimen y nuevas inversiones en carpeta
Como parte de los compromisos asumidos para acceder a los beneficios del régimen, TGS deberá destinar al menos el 20% del monto total de inversión a proveedores locales de bienes y servicios. Además, la empresa tendrá que acreditar la ejecución de al menos el 40% de la inversión mínima comprometida durante los primeros dos años desde la aprobación oficial del proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno. El objetivo del Gobierno es incentivar el desarrollo de cadenas productivas locales y potenciar el impacto económico de las grandes inversiones.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, mantuvieron una reunión con representantes de Chevron para analizar una posible inversión de USD 10.000 millones también bajo el paraguas del RIGI. El encuentro se centró en mejorar la competitividad de Vaca Muerta y reducir la brecha de costos respecto de la cuenca de Permian, uno de los polos petroleros más importantes de Estados Unidos.
Actualmente, el Gobierno mantiene en evaluación varios proyectos vinculados al régimen de incentivos, con inversiones potenciales que rondan los USD 67.000 millones. La ampliación del gasoducto Perito Moreno aparece como uno de los primeros grandes desarrollos aprobados dentro de este esquema y refuerza la apuesta oficial por consolidar inversiones privadas en el sector energético argentino.
