Golpe al esquema vitivinícola: el Gobierno elimina el financiamiento de Coviar
La cadena del vino atraviesa horas de fuerte incertidumbre tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento obligatorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La medida, oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pone fin a un sistema de contribuciones que durante más de dos décadas sostuvo el funcionamiento del organismo, generando un impacto directo en toda la estructura del sector.
Hasta ahora, productores y bodegas debían pagar un aporte por cada litro producido, embotellado y comercializado. Ese esquema funcionaba como una suerte de “impuesto sectorial” que financiaba las acciones de la Coviar, creada en 2004 para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) con metas ambiciosas de crecimiento y posicionamiento internacional.
Con la nueva resolución, el Gobierno dispuso el cese inmediato de esas contribuciones, liberando a los establecimientos del pago obligatorio. El cambio abre un nuevo escenario en el que la Coviar deberá sostenerse únicamente con aportes voluntarios, en línea con el criterio oficial de reducir la intervención estatal en el financiamiento de organizaciones privadas.
Argumentos oficiales y críticas al desempeño del plan
Desde el Ejecutivo, la decisión se fundamenta en el incumplimiento de los objetivos trazados originalmente. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los principales voceros de la medida. Sostuvo que el plan estratégico no logró alcanzar las metas de exportación ni de participación en el mercado global, pese a haber contado con financiamiento sostenido durante más de 20 años.
Entre los objetivos iniciales del PEVI se encontraba alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares anuales y captar el 10% del comercio mundial de vinos. Según el Gobierno, esos indicadores quedaron muy lejos de cumplirse, con una participación argentina que se mantiene por debajo del 2,5% y sin haber alcanzado el volumen exportador proyectado.
Además, el funcionario cuestionó el uso de los recursos recaudados. Indicó que entre 2004 y 2025 se destinaron cerca de 300 millones de dólares al financiamiento de la Coviar, sin que eso se tradujera en mejoras sustanciales de competitividad para la industria. También remarcó que la contribución continuó aumentando incluso por encima de la inflación en los últimos años.
Cambios normativos y redefinición institucional
La resolución oficial no solo elimina el financiamiento de la Coviar, sino que también establece el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que había sido prorrogado hasta transformarse en el PEVI 2030. Se fijó un plazo de tres meses para completar el cierre administrativo y presentar un informe detallado sobre el uso de los fondos y el cumplimiento de objetivos.
Asimismo, se dispuso que cualquier recurso remanente sea transferido al Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el objetivo de garantizar el destino de los activos públicos. La medida busca ordenar la transición y evitar vacíos en la administración de recursos vinculados al sector.
A pesar de este cambio, la Coviar no será disuelta. Mantendrá su personería jurídica y podrá continuar operando bajo el marco de la Ley 25.849. Sin embargo, su sostenimiento dependerá exclusivamente del respaldo voluntario de sus miembros, lo que representa un cambio estructural en su funcionamiento.
Reacciones, incertidumbre y futuro del sector
La decisión generó un fuerte impacto en la cadena vitivinícola, donde aún predomina la cautela. Desde la Coviar señalaron que se encuentran analizando la resolución y preparando una respuesta oficial. El silencio inicial refleja la magnitud del cambio y la necesidad de evaluar sus implicancias legales y operativas.
En el trasfondo, la medida se inscribe en una política más amplia de desregulación impulsada por el Gobierno. La eliminación de aportes obligatorios y la reducción de la intervención estatal buscan redefinir las reglas de juego para el sector, con el argumento de mejorar la competitividad y promover la libre asociación.
No obstante, el nuevo escenario plantea interrogantes. La Coviar fue durante años un articulador clave entre el sector público y privado, impulsando estrategias de promoción y desarrollo. Su continuidad bajo un esquema voluntario dependerá de la capacidad de generar valor para sus miembros, en un contexto donde cada actor evaluará su aporte.
