Causa YPF: el lunes se sabrá si la jueza Preska suspende el fallo contra Argentina
En un nuevo episodio de la causa YPF, La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, anunciará el lunes 14 de julio si acepta el pedido del Gobierno argentino de suspender la ejecución de la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos estatales a los fondos litigantes. La decisión será clave para el futuro del caso y para evitar consecuencias legales y económicas inmediatas para la Argentina.
El litigio sobre YPF, que lleva más de una década en tribunales estadounidenses, se inició tras la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF en 2012 por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La compañía Burford Capital, que adquirió los derechos a litigar del fondo Petersen Energía —uno de los accionistas perjudicados—, logró una sentencia favorable el año pasado. En 2023, la jueza Preska dictaminó que el Estado argentino incurrió en “mala praxis expropiatoria” y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, aunque luego el monto fue parcialmente ajustado.
La semana pasada, el Gobierno argentino presentó formalmente la apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, sin esperar la respuesta de Preska sobre el pedido de suspensión (“stay”) de su fallo. En paralelo, solicitó que no se avance en la ejecución hasta que la Cámara resuelva.
Argumentos de la defensa argentina sobre YPF
En el documento presentado por el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país, se anticipa además que la Argentina está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos si el fallo en segunda instancia tampoco le resulta favorable.
Entre los fundamentos esgrimidos, se advierte que la sentencia de Preska vulnera principios del derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) —que protege los activos de los Estados frente a este tipo de ejecuciones— y representa un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Además, se menciona un antecedente clave: la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE. UU. durante la presidencia de Donald Trump, en la que se advertía sobre los riesgos de sentar un precedente judicial que implique intervenir en la soberanía de un país extranjero. La defensa considera ese gesto un “apoyo institucional” que debería ser considerado por el tribunal.
Qué está en juego
El punto más delicado del fallo de Preska es que habilita la entrega del 51% de las acciones de YPF actualmente en poder del Estado argentino. Aunque la empresa como tal no forma parte del juicio —y continúa operando con normalidad—, una transferencia forzosa de sus acciones generaría un impacto político, económico y simbólico de gran magnitud.
Además, si Preska rechaza el pedido de suspensión y la Argentina no deposita activos como garantía mientras continúa el litigio, podría entrar en desacato judicial. En ese escenario, los demandantes podrían reclamar embargos o sanciones económicas, lo que complicaría aún más el clima para los inversores internacionales y el regreso de Argentina a los mercados de deuda.
Posicionamiento del Gobierno
Desde la Casa Rosada reiteraron que la estrategia será “100% judicial” y que no habrá negociación con los fondos demandantes. “Vamos a agotar todas las instancias legales para defender los intereses del pueblo argentino”, indicaron fuentes cercanas al presidente Javier Milei.
El Ejecutivo también apunta contra lo que denomina “buitres domésticos”: exfuncionarios, estudios jurídicos privados y actores económicos que —según su visión— buscan aprovechar la situación judicial para sacar rédito político o acceder a activos estratégicos como Vaca Muerta en condiciones favorables.
La mirada experta
Sebastián Maril, analista financiero de Latin Advisors y uno de los especialistas que sigue el caso desde hace años, confirmó que la jueza dará su veredicto este lunes. Según explicó, lo usual hubiera sido esperar la resolución sobre el “stay” antes de apelar, pero la Argentina optó por avanzar directamente, una estrategia legal válida, aunque atípica.
El lunes, entonces, se sabrá si el país logra ganar tiempo mientras continúa la batalla judicial o si deberá enfrentar consecuencias más inmediatas. Sea cual sea la decisión, el caso YPF seguirá siendo uno de los ejes clave en la agenda económica, judicial y diplomática del Gobierno argentino.
