Reforma histórica del INTA: el Gobierno disuelve su Consejo Directivo
Con la publicación del Decreto 462/2025, el Gobierno nacional oficializó una profunda transformación en la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejará atrás su histórica organización autónoma con base en un Consejo Directivo —vigente desde 1956— y pasará a depender de manera directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
La medida representa un cambio institucional sin precedentes en los casi 70 años de vida del organismo, y forma parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que también incluye la disolución o reestructuración de otros entes como el INTI, el INASE, el INV, y la Agencia del Cannabis.
Del modelo autónomo al modelo desconcentrado del INTA
El decreto establece que el INTA dejará de ser un organismo descentralizado y pasará a ser desconcentrado, es decir, dependerá de la estructura del Poder Ejecutivo sin autonomía presupuestaria ni de gestión. A partir de ahora, será dirigido por un presidente con rango de secretario, designado directamente por el presidente de la Nación.
El nuevo titular del INTA tendrá amplias facultades: desde la definición de la estructura organizativa, la administración del patrimonio, la designación de centros de investigación y laboratorios, hasta la gestión del Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria. También presidirá el nuevo órgano que reemplaza al Consejo Directivo: el Consejo Técnico.
El Consejo Técnico: asesoramiento sin decisiones
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la eliminación del Consejo Directivo, que hasta ahora representaba a diversas entidades del ámbito agropecuario, académico y científico, en un esquema de gobernanza público-privado que se había consolidado como sello distintivo del INTA.
En su lugar, el decreto crea un Consejo Técnico de carácter ad honorem, con funciones exclusivamente asesoras. Este consejo no tendrá potestad para aprobar presupuestos ni tomar decisiones ejecutivas. Su tarea será recomendar lineamientos científico-técnicos, proponer objetivos de trabajo y evaluar el impacto de los programas del organismo.
El cuerpo estará integrado por el presidente del INTA y siete miembros designados por el Poder Ejecutivo: tres propuestos por la Secretaría de Agricultura y cuatro en representación del sector productivo, a propuesta de entidades agropecuarias. Quedan fuera, por tanto, las universidades, las cooperativas y organizaciones como CREA o CONICET, que históricamente integraron el Consejo Directivo.
Objetivos del cambio: eficiencia y control
En los fundamentos del decreto, el Gobierno justifica la transformación con duros cuestionamientos al funcionamiento interno del INTA. Argumenta que su descentralización derivó en una estructura “sobredimensionada” y “difícil de controlar”, con más de 900 cargos jerárquicos y más de 6.000 agentes en planta, superando incluso a la dotación de varios ministerios.
También se citan deficiencias señaladas por la SIGEN, como la falta de procedimientos normalizados, controles débiles en tesorería y contrataciones, y una gestión poco transparente de convenios con cooperadoras.
“La magnitud operativa del organismo y su elevado volumen presupuestario exigen un modelo de gestión más coordinado, moderno y eficiente”, asegura el texto, que propone alinear al INTA con los objetivos macroeconómicos del Gobierno, poniendo foco en la innovación tecnológica y la productividad agroindustrial.
Qué cambia en la red territorial del INTA
Pese a estos ajustes, el decreto aclara que el INTA mantendrá su red de Centros Regionales, Estaciones Experimentales, Institutos y Laboratorios, aunque su creación y funcionamiento dependerán ahora exclusivamente del presidente del organismo. También seguirán existiendo los Consejos Regionales y Locales Asesores, pero su rol será meramente consultivo.
La idea, según el Gobierno, es que el INTA se enfoque en investigaciones “de carácter nacional” y en la generación de bienes públicos tecnológicos, dejando de lado tareas que —según Economía— “pueden ser asumidas por el sector privado”.
Críticas y apoyos
La medida despertó reacciones dispares en el mundo agropecuario. Mientras sectores vinculados al oficialismo celebran el intento de modernización y control, otras entidades —especialmente universidades y asociaciones técnicas— alertan sobre una posible pérdida de pluralidad, autonomía científica y federalismo en la conducción del INTA.
Sin embargo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) manifestó su apoyo a la reforma, aunque con reparos: pidió preservar el rol técnico del INTA, eliminar el uso político del organismo y garantizar que las decisiones se tomen con criterios profesionales, no partidarios.
Un nuevo rumbo para una institución emblemática
El INTA ha sido, durante décadas, un pilar de la innovación y el desarrollo agropecuario en Argentina, con fuerte presencia territorial y un modelo de articulación público-privada que fue incluso tomado como ejemplo en otros países.
Ahora, con este decreto, el Gobierno busca redefinir sus objetivos, estructura y forma de conducción, en sintonía con una estrategia más centralizada del aparato estatal. Resta por ver cómo impactará esta nueva etapa en la capacidad técnica y el prestigio institucional del INTA, en un contexto donde la eficiencia es prioridad, pero también lo es —para muchos— la legitimidad de su gobernanza y su arraigo federal.
