Ley de semillas: el Gobierno definirá quiénes pagarán por el uso propio
La discusión por una nueva Ley de Semillas quedó en manos del Gobierno después de que productores y representantes de la industria semillera expusieran sus posiciones sin lograr un acuerdo sobre uno de los puntos centrales: qué productores deberán pagar por el uso propio de semillas y quiénes quedarán exceptuados. El debate se encuentra en una etapa decisiva luego de tres reuniones técnicas entre las partes.
El Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó a representantes de la producción y de la industria para conocer hasta dónde habían logrado acercar posiciones. El Estado tomará ahora esa información para avanzar en la elaboración de un proyecto que busca enviar al Congreso, aunque desde el sector productivo señalaron que esperan ser nuevamente convocados antes de que la iniciativa quede definida.
La diferencia: 30% contra 60% de los productores
El principal desacuerdo en torno a la Ley de Semillas aparece en el universo que debería quedar alcanzado por el pago en soja, trigo y arroz. La propuesta de los productores establece que deberían pagar quienes se encuentran en los deciles 1, 2 y 3 del SISA, mientras que los ubicados entre los deciles 4 y 10 quedarían exceptuados. La industria, en cambio, propone extender el pago hasta el decil 6 y dejar fuera solamente a los productores de los deciles 7 al 10.
La diferencia adquiere dimensión cuando se observa la base utilizada para la discusión. El universo comprende 56.065 productores y 14.582.238 hectáreas, con un promedio de 260 hectáreas por productor. Los primeros tres deciles reúnen 16.818 productores, el 30% del total, pero concentran el 82,72% de la superficie, equivalente a 12.061.740 hectáreas.
El esquema planteado por los semilleros elevaría el universo alcanzado a 33.636 productores, el 60% del total, que reúnen 13.917.192 hectáreas, equivalentes al 95,44% de la superficie. Así, la discusión entre ambas alternativas involucra 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas, mientras que la diferencia en superficie es bastante menor que la brecha existente en cantidad de agricultores.
Del límite de hectáreas a los deciles del SISA
La utilización de los deciles representa uno de los cambios surgidos durante las conversaciones por la Ley de Semillas. En una primera instancia, las entidades rurales habían planteado un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña como criterio para determinar quiénes conservarían el uso propio gratuito. Luego, las partes comenzaron a trabajar con información del SISA y con una segmentación por superficie.
El proceso permitió avanzar en algunos puntos de la Ley de Semillas y establecer un ámbito de diálogo que las entidades valoraron positivamente. Coninagro destacó que hubo avances, aunque persisten diferencias, mientras que desde la industria calificaron el intercambio como un proceso de diálogo y señalaron que llevaron al Gobierno aquellos aspectos en los que no fue posible alcanzar una posición común.
La participación rural en la última reunión fue dispar. Federación Agraria Argentina no asistió por la realización de su Congreso anual, mientras que CRA participó de manera virtual y estuvieron presentes representantes de la Sociedad Rural Argentina y Coninagro. El Gobierno deberá ahora evaluar las posiciones antes de avanzar con la redacción de la Ley de Semillas.
UPOV 91, el otro punto pendiente en la Ley de Semillas
Además del universo alcanzado por el pago, permanece abierta la discusión sobre la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91. Actualmente el país integra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales bajo el Acta de 1978, mientras que la industria semillera sostiene la necesidad de avanzar hacia la versión de 1991.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) sostiene que UPOV 91 fortalecería la protección de la propiedad intelectual y plantea que la nueva Ley de Semillas permitiría establecer reglas para el uso propio dentro de excepciones definidas por la legislación nacional. Las entidades de productores, en cambio, han planteado durante las conversaciones que la actualización de la protección intelectual se mantenga dentro del marco de UPOV 78.
El próximo paso en torno a la Ley de Semillas quedará, entonces, en manos del Gobierno, que deberá transformar los puntos de coincidencia y las diferencias pendientes en una propuesta legislativa. La discusión llegará al Congreso con dos posiciones concretas sobre el uso propio y un debate todavía abierto sobre el sistema de protección de las variedades vegetales.
