Juicio YPF: la Jueza Preska rechazó el pedido de Argentina y avanza la orden sobre las acciones
La jueza estadounidense Loretta Preska volvió a fallar en contra de la Argentina en el histórico juicio por la expropiación de YPF, dando un nuevo paso en el conflicto judicial que enfrenta al país con el fondo Burford Capital. Esta vez, Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la ejecución de la sentencia que obliga al Estado a transferir el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a manos del demandante. El golpe judicial se esperaba desde la semana pasada y fue confirmado este lunes por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La negativa de Preska a conceder la suspensión —conocida como stay— representa una nueva derrota procesal para la Argentina, que había presentado el pedido como parte de su estrategia para evitar una eventual cesión de activos clave mientras sigue en curso la apelación de fondo ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.
Apelación anticipada y peligro de desacato
Ante la posibilidad concreta de una decisión negativa, el Gobierno argentino ya había tomado la iniciativa de apelar el fallo antes de conocerse la respuesta de Preska. La apelación se formalizó la semana pasada, incluso sin esperar el pronunciamiento sobre el stay, y actualmente se tramita en un expediente separado.
Sin embargo, esta maniobra no impide que el riesgo de desacato esté sobre la mesa. Como explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, si Argentina no cumple con la orden de transferencia de acciones de YPF, podría incurrir en desacato ante la justicia norteamericana. “La última vez que Argentina estuvo en desacato ya estaba en default, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Hoy, con un país que busca volver a los mercados, el impacto sería mucho mayor”, advirtió.
En este contexto, Maril sugirió que el Gobierno podría tener que implementar algún tipo de estrategia de “control de daños”, como negociar un depósito en garantía, mientras avanza con la apelación por los canales judiciales.
Un juicio de YPF que aún no termina
El caso que enfrenta a Argentina con Burford Capital comenzó en 2015, pero tuvo su punto más álgido en 2023, cuando la jueza Preska condenó al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, concretada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford había adquirido los derechos litigiosos de la empresa Petersen Energía y Eton Park, quienes habían sido accionistas de YPF y alegaron perjuicios por la forma en que se llevó adelante la nacionalización de la petrolera.
Si bien la apelación sobre esa sentencia millonaria sigue su curso en un expediente paralelo, el fallo de Preska ordenando el “turnover” de acciones tiene efecto inmediato, lo que motivó el reciente pedido del Gobierno para frenar esa orden hasta tanto se resuelva la apelación.
El ex viceprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, recordó que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había cuestionado la legalidad de obligar a un Estado soberano a entregar acciones como parte del cumplimiento de una sentencia, invocando la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA). Sin embargo, Preska optó por desestimar esos argumentos y avanzar con la ejecución.
¿Qué puede pasar ahora?
El Gobierno argentino ahora espera que la Cámara de Apelaciones analice su planteo y eventualmente revierta la decisión de Preska. Sin embargo, según los especialistas, es poco probable que esa revisión ocurra antes de 2026. En ese contexto, la tensión aumenta: Argentina insiste en su derecho a apelar, pero los demandantes quieren cobrar, y la jueza apura los tiempos para garantizarlo.
El presidente Javier Milei, que ha sido crítico de la forma en que se manejó la expropiación en 2012, se enfrenta ahora a un escenario complejo en el plano judicial y económico. Evitar el desacato, proteger los activos estratégicos y preservar la reputación financiera del país se convierten en prioridades urgentes mientras se agota el margen de maniobra legal.
El juicio por YPF, lejos de haber terminado, sigue sumando capítulos decisivos con impacto institucional y económico para el país.
