Reforma histórica en el sector vitivinícola: el INV redefine su rol y elimina controles intermedios
El Gobierno Nacional avanzó en una profunda modificación del esquema regulatorio de la industria vitivinícola, a través de una resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que deroga cientos de normas, elimina controles considerados excesivos y redefine el rol del organismo dentro de la cadena productiva. La medida, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca junto al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue presentada como una modernización para “devolver libertad al sector” y reducir costos.
Según informó Agricultura, la actividad venía operando bajo más de 1.200 normas, muchas de ellas superpuestas, antiguas o consideradas de “burocracia innecesaria”. Tras un proceso de revisión interna, se elaboró un Digesto Normativo que simplifica el marco vigente y deroga 973 regulaciones, lo que representa una de las reestructuraciones más amplias de los últimos años en una economía regional estratégica como la vitivinícola.
“De un total de 1.207 normas, se derogan 973. Damos lugar a un régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, señaló la Secretaría en su comunicado oficial. La intención, remarcó la cartera, es “eliminar trabas burocráticas y devolver dinamismo al sector”.
Un nuevo rol para el INV
Con la reforma, el INV mantendrá su tarea central de garantizar la inocuidad del producto final y las certificaciones necesarias para exportar, pero dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo. Esto implica que ya no habrá inspecciones permanentes en bodegas ni controles sobre el desarrollo del vino antes del envasado.
“El organismo se enfocará exclusivamente en verificar la calidad del vino final que llega al consumidor y evitar adulteraciones”, explicaron desde Agricultura. Hasta ahora, los inspectores realizaban cerca de 5.000 visitas presenciales al año en establecimientos de todo el país.
Además, se eliminan las Declaraciones Juradas semanales de elaboración, así como multas y sanciones relacionadas con trámites administrativos. También dejan de exigirse en la industria vitivinícola los permisos de tránsito, que sumaban más de 140.000 tramitaciones anuales para que las bodegas pudieran mover su producción entre establecimientos o provincias.
Otro cambio relevante en el sector vitivinícola tiene que ver con la trazabilidad del producto. A partir de ahora, las certificaciones de origen, añada y varietal serán optativas —aunque se mantendrán como requisito obligatorio para operaciones de exportación, dependiendo de las exigencias de cada mercado de destino.
“Se termina la burocracia absurda”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida como un alivio regulatorio necesario para una industria que, según afirmó, ya demostró capacidad competitiva por sí misma.
“Dejamos atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”, sostuvo. “El Estado pretendía controlar cada paso de la producción. Ahora se concentrará solo en la aptitud para consumo del vino, que es lo esencial”.
Sturzenegger también advirtió que el mercado del vino atraviesa un contexto desafiante a nivel global: el consumo está en retroceso y los consumidores muestran nuevos hábitos, como el aumento del vino sin alcohol. “Por eso, es indispensable darle a la industria la flexibilidad necesaria para adaptarse”, señaló.
Un cambio que abre debate
La reforma en la industria vitivinícola genera expectativas entre productores que desde hace años reclamaban reducción de controles, pero también interrogantes en sectores que consideran que la fiscalización del proceso productivo era una garantía para sostener la reputación del vino argentino en el mercado interno y externo.
El desafío, coinciden actores de la cadena, será mantener estándares de calidad aun con menor intervención estatal y garantizar que los consumidores sigan recibiendo vinos confiables, auténticos y competitivos.
Más allá de la discusión, la medida marca un punto de inflexión: el Estado redefine su papel y la industria vitivinícola se prepara para operar con mayor autonomía, en un escenario donde la eficiencia, la diferenciación y la capacidad de adaptación serán claves para sostener mercados que cambian cada vez más rápido.
