El Gobierno extendió la baja de retenciones para trigo y cebada, y deja afuera a la soja y el maíz


El Gobierno nacional confirmó la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo de 2026. La medida, que había sido implementada a fines de enero con vigencia inicial hasta el 30 de junio, continuará vigente durante toda la próxima campaña de cosecha fina, que ya comienza a sembrarse. Sin embargo, el beneficio no alcanzará a los cultivos de la cosecha gruesa, como la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, que desde julio volverán a tributar derechos de exportación más altos.

La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X. “El gobierno nacional decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026”, expresó el funcionario, agregando que la medida busca “sostener el estímulo al sector exportador y dar previsibilidad al productor en plena siembra”.

La iniciativa abarca no solo a los granos sino también a sus derivados industriales. Según el comunicado oficial, estas exportaciones representan en conjunto alrededor de USD 4.000 millones anuales, es decir, cerca del 5% del total exportado por el país.

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Qué cambia en las retenciones desde julio

La baja de retenciones que rige actualmente había sido dispuesta mediante el Decreto 38/2025, que redujo de forma transitoria las alícuotas para varios productos agroindustriales. Así, el trigo y la cebada pasaron del 12% al 9,5%, el maíz y el sorgo también descendieron a esa misma tasa, y el girasol del 7% al 5,5%. En el caso de la soja, el poroto pasó del 33% al 26%, y sus subproductos del 31% al 24,5%.

Sin embargo, desde julio, la mayoría de esos recortes serán revertidos, y solo trigo y cebada mantendrán el beneficio. Así lo había anticipado semanas atrás el presidente Javier Milei, quien reiteró en entrevistas radiales que los recortes a las retenciones eran “transitorios”. “Avisen al campo que si tienen que liquidar, lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, señaló el mandatario.

Además, el esquema actual obliga a los exportadores beneficiados a liquidar el 95% de las divisas en un plazo de 15 días, reduciendo a la mitad el período habitual de 30 días.

Desde el agro, la medida fue recibida con alivio, aunque no sin reclamos. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) emitieron un comunicado en el que celebraron la continuidad de la baja para trigo y cebada, pero pidieron que el beneficio se extienda a los granos de la cosecha gruesa, como la soja y el maíz.

“Es el camino correcto. Consideramos que sería deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa, que tienen alto impacto en la producción y exportación en la Argentina”, señalaron ambas entidades.

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Beneficio para las economías regionales

En paralelo, el Gobierno mantuvo la decisión tomada en enero respecto a las economías regionales, cuyos productos fueron exceptuados de forma permanente del pago de retenciones. Entre ellos figuran el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y el sector foresto-industrial. En conjunto, estos rubros generaron USD 1.100 millones en exportaciones durante 2024.

El costo fiscal de la medida fue estimado en USD 800 millones, aunque el Ejecutivo sostiene que el alivio tributario permitirá mejorar la competitividad del agro y dinamizar las ventas externas.

La extensión de la baja de retenciones para la cosecha fina llega en un momento en el que el agro enfrenta otras preocupaciones. Las recientes inundaciones en el norte y oeste de Buenos Aires afectaron más de 1,2 millones de hectáreas de soja, lo que genera incertidumbre sobre la cosecha gruesa y pone presión sobre las decisiones de política económica para el sector.

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En este escenario, el pedido del campo por retenciones más bajas y estables podría escalar en las próximas semanas, con una campaña fina en marcha y una gruesa aún con riesgos productivos por resolver. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la extensión del beneficio parcial impulse un nuevo ciclo de exportaciones, aunque deja en suspenso una respuesta definitiva a uno de los reclamos históricos del sector: la eliminación total de los derechos de exportación.