Eliminan impuestos a la importación de celulares: esperan una baja del 30%


En una nueva medida orientada a combatir la inflación y dinamizar el consumo de celulares, el Gobierno nacional anunció este martes la reducción —y futura eliminación— de los impuestos a la importación de celulares, además de una rebaja en los tributos internos que pesan sobre productos electrónicos como televisores y aires acondicionados. Según las autoridades, el objetivo es lograr una caída de hasta el 30% en los precios finales de estos artículos, lo que los volvería más accesibles y competitivos respecto a los valores del resto de la región.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida forma parte del plan oficial de desregulación de la economía, con el foco puesto en la apertura comercial, la baja de impuestos y la búsqueda de una mayor competitividad en el mercado interno.

La rebaja en los derechos de importación de celulares se aplicará en dos etapas. En primer lugar, se reducirá del 16% al 8% a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prevista entre el jueves 15 y el viernes 16 de mayo. En una segunda instancia, a partir del 15 de enero de 2026, el arancel se eliminará completamente, llevando la tasa al 0%.

De manera complementaria, se decidió una rebaja de los impuestos internos que gravan a los celulares, televisores y aires acondicionados. En el caso de los productos importados, la alícuota bajará del 19% al 9,5%, mientras que para los fabricados en Tierra del Fuego, la reducción será del 9% a cero.

Impacto esperado: precios más bajos y más competencia de celulares

Según expresó Adorni durante el anuncio, la expectativa del Gobierno es que estas reducciones impositivas se traduzcan en una baja directa de hasta el 30% en los precios finales para los consumidores. En ese sentido, sostuvo que la medida contribuirá a “equiparar los valores de los productos tecnológicos en Argentina con los del resto de América Latina”.

“Esta es una decisión que impactará positivamente en el bolsillo de la gente y en el acceso a tecnología”, afirmó el vocero presidencial, quien remarcó que no se espera que la medida afecte de manera negativa a la estructura productiva de Tierra del Fuego, provincia que históricamente concentra buena parte de la producción nacional de electrónicos amparada por un régimen de promoción industrial.

El Gobierno también instó a las provincias a sumarse a esta política de alivio impositivo. Adorni convocó a los gobiernos provinciales a reducir la carga de Ingresos Brutos, que actualmente grava con un 5% a estos productos electrónicos en muchas jurisdicciones. “Es necesario que todos los niveles del Estado colaboren para que estas medidas lleguen efectivamente a los consumidores y se reflejen en precios más bajos”, señaló.

Desde el Ejecutivo aseguran que este tipo de medidas no solo apuntan a la baja de precios, sino también a fomentar una competencia más abierta y dinámica entre los productores nacionales e internacionales. En la visión del Gobierno, la apertura comercial permitirá mejorar la calidad de los productos disponibles en el mercado argentino y ampliar la variedad de ofertas para los consumidores.

Luis Caputo, Javier Milei, celulares

Repercusiones y próximos pasos

Aunque aún no se han conocido reacciones oficiales por parte del sector industrial de Tierra del Fuego, se espera que el anuncio genere un debate sobre el impacto a mediano plazo en la producción nacional de tecnología. Históricamente, el régimen fueguino ha operado con altos niveles de protección para sostener empleos e inversiones en una región estratégica y de condiciones logísticas particulares.

Sin embargo, el Gobierno confía en que la gradualidad de la medida permitirá una adaptación progresiva del sector, al tiempo que mejora la situación de los consumidores y promueve una modernización del esquema productivo.

En los próximos días, se oficializarán las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial, dando inicio a una nueva etapa en la política tecnológica del país. Con esta decisión, el Ejecutivo refuerza su compromiso con una economía más abierta y con menos trabas impositivas.