El Gobierno sigue con el achique del Estado y fusiona 2 organismos geocientíficos
En una nueva etapa de su programa de reducción del Estado, el Gobierno nacional oficializó este miércoles la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), así como la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Las medidas fueron instrumentadas a través del Decreto 396/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarcan en el objetivo declarado de reducir el tamaño del Estado, mejorar su eficiencia y recortar el gasto público.
Esta decisión se inscribe en la línea de acción que viene impulsando la administración de Javier Milei desde su asunción, que busca una reconfiguración de la estructura estatal bajo el paraguas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con foco en eliminar organismos considerados “sobredimensionados” o superpuestos en sus funciones.
El argumento oficial: sobredimensionamiento y duplicación de funciones
Según el informe técnico que fundamenta la decisión, elaborado por el Ministerio de Desregulación, en el año 2010 los organismos descentralizados del Estado contaban con 35.481 agentes, una cifra que para 2024 se elevó a 88.095 trabajadores, lo que representa un incremento del 148% en la dotación de personal. Este dato es utilizado por el Ejecutivo como evidencia del “crecimiento desmesurado” de la burocracia estatal.
Bajo este diagnóstico, el Gobierno avanzó con la fusión del INPRES y el SEGEMAR, ambos organismos vinculados a la producción de conocimiento técnico sobre geociencia, riesgos geológicos y subsuelo. El primero dependía de la Secretaría de Obras Públicas, mientras que el segundo estaba bajo la órbita de la Secretaría de Minería, ambos en el ámbito del Ministerio de Economía.
La medida, según explica el decreto, busca “centralizar capacidades técnicas, aprovechar la infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales”, como terremotos, volcanes, deslizamientos o movimientos del terreno, unificando recursos y funciones que, hasta ahora, se encontraban dispersas entre dos estructuras.
De acuerdo con la visión del Gobierno, esta fusión “permitirá una mayor eficiencia operativa y una producción más integrada de información geológica, tecnológica, minera y sísmica, desde un único organismo especializado”.
Reestructuración del Instituto Nacional del Agua
En paralelo, el decreto dispone la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA), un organismo histórico con sede en Ezeiza, en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas. El cambio implica la pérdida de su estatus de organismo descentralizado, pero sin afectar, según el Gobierno, las funciones técnicas esenciales que el instituto cumple en el diseño de políticas hídricas, planificación de cuencas y estudios sobre calidad del agua y recursos hidrológicos.
El argumento oficial es que la reorganización “promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia y un uso racional de los fondos públicos”, al permitir que funciones de apoyo, antes replicadas dentro del INA, sean asumidas por áreas ya existentes en el Ministerio de Economía.
También se plantea que esta nueva estructura “fortalecerá la coordinación de políticas públicas en materia de infraestructura hídrica”, facilitando una mayor articulación con los proyectos ejecutivos y las obras que lleva adelante el Estado Nacional.
Eficiencia vs. pérdida de capacidades
Desde el Gobierno, se insiste en que ninguna función sustancial será desactivada y que la reorganización permitirá “mejorar la gestión pública, orientarla a resultados concretos y reforzar el control del gasto”. Según la normativa, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios técnicos esenciales, mientras se eliminan áreas redundantes o burocráticas que no aportan valor directo.
No obstante, la medida genera preocupación en algunos sectores técnicos y científicos, que ven con inquietud el avance de una lógica de ajuste sobre organismos con alto contenido técnico y trayectoria, cuya tarea no es fácilmente reemplazable ni replicable por otras dependencias. Tanto el INPRES como el SEGEMAR, por ejemplo, son claves en la prevención de desastres naturales, el diseño de mapas de riesgo, la vigilancia sísmica y volcánica, y la investigación de recursos del subsuelo.
En el caso del INA, especialistas en hidrología han expresado en oportunidades anteriores que su rol es clave para la planificación del recurso hídrico, especialmente en un país atravesado por sequías, inundaciones y fenómenos extremos como los vinculados al cambio climático.
Una señal política y fiscal
Estas medidas se suman a una serie de decisiones previas que apuntan a reducir el aparato estatal, bajo un enfoque que privilegia la “eficiencia organizacional” y el “uso racional de los recursos públicos”. Para la administración de Milei, este tipo de reformas estructurales son señales de austeridad necesarias para ordenar las cuentas públicas y dar respuesta a la demanda social de una “mejor calidad del Estado”.
El desafío de fondo será garantizar que esta reorganización no implique una pérdida de capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles como la gestión del agua, la prevención de catástrofes y la planificación territorial, campos donde la información científica y técnica es fundamental para la toma de decisiones.
Mientras tanto, la “motosierra” administrativa sigue en marcha, y no se descarta que en las próximas semanas continúen los anuncios de recortes y fusiones en otras áreas del sector público nacional.
