El Gobierno amplió el plan para concesionar rutas nacionales


El Gobierno nacional habilitó la incorporación de 27 tramos de rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones, el programa con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de distintos corredores viales mediante contratos de peaje. La medida alcanza caminos distribuidos en varias regiones del país y abre la posibilidad de convocar nuevas licitaciones para su explotación.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma incorporó rutas que actualmente se encuentran bajo administración estatal al régimen de concesión establecido por la Ley 17.520, aunque su inclusión no implica que todos los tramos vayan a licitarse de manera inmediata.

El objetivo oficial es trasladar al sector privado el financiamiento de las obras y las tareas de conservación, sin comprometer recursos del Estado ni poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

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Las rutas incluidas en la ampliación

Entre las rutas incorporadas figuran varios corredores de la provincia de Buenos Aires. El listado contempla las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Algunas de ellas atraviesan más de una jurisdicción: la ruta 3 también recorre Chubut y Santa Cruz; la 22 se extiende hacia La Pampa; y la 35 conecta sectores de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

La ruta nacional 9 también fue incluida en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy. En el litoral, la ampliación comprende la ruta 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, entre Corrientes y Misiones; y la 16, en sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.

En la Patagonia se incorporaron las rutas 25 y 26, en Chubut, y la 237, en Neuquén. A su vez, el listado incluye la ruta 34, entre Jujuy y Salta; la 38, en Córdoba y La Rioja; la 50, en Salta; y las rutas 60 y 158, en Córdoba. También aparece la 89, que conecta sectores de Chaco y Santiago del Estero.

La nómina se completa con las rutas 81 y 86, en Formosa; 120, 121 y 122, en Corrientes; y 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá incorporarse total o parcialmente a futuros corredores de peaje, siempre que los sectores seleccionados no estén comprendidos en concesiones vigentes.

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Economía tendrá un año para convocar las licitaciones

El decreto facultó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a definir los nuevos tramos utilizando la totalidad o parte de las rutas incluidas en el anexo. Esa conformación deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que aportará los elementos necesarios para delimitar los corredores.

La cartera económica tendrá a su cargo la preparación y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las propuestas, la adjudicación y la firma de los contratos. Para completar ese proceso, el Gobierno estableció un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto.

Las empresas que resulten adjudicatarias podrán asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. Además, estarán habilitadas para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, más allá de los recursos provenientes del cobro de peajes.

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Un programa que busca reducir el gasto estatal

El Ejecutivo justificó la ampliación al sostener que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento, mejorar la seguridad vial y reducir los costos logísticos. La estrategia apunta a limitar el uso de fondos públicos para sostener la infraestructura, en línea con la política oficial de equilibrio fiscal.

Con la nueva ampliación, el Gobierno busca extender el modelo a más de 25 rutas distribuidas en distintas provincias. El alcance concreto de las futuras concesiones dependerá de la delimitación técnica de cada corredor y de los procesos licitatorios que deberán ponerse en marcha dentro del plazo fijado.