El Gobierno avanza con reforma administrativa para dinamizar la pesca del calamar
El Gobierno Nacional implementó una serie de cambios normativos destinados a simplificar los procesos administrativos que regulan la actividad pesquera del calamar, una de las más relevantes dentro de la flota industrial argentina. Las medidas, impulsadas por la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, buscan modernizar la gestión estatal y reducir las demoras burocráticas que afectan a empresas y plantas procesadoras.
La iniciativa se formalizó a través de la Disposición N° 363/2025, que actualiza diversos aspectos de la normativa vigente y modifica la anterior Disposición N° 1/22. Desde la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Economía, explicaron que los cambios tienen como objetivo optimizar la operatoria del sector y otorgar mayor previsibilidad a los armadores.
Menos papeles y procedimientos más ágiles
Uno de los ejes principales de la reforma es la eliminación del trámite previo de “Acta de Comprobación”, que hasta ahora debía solicitarse con 48 horas de anticipación para poder trasladar las capturas de calamar hacia las plantas de procesamiento.
A partir de esta modificación, la verificación se efectuará de manera directa en el Acta de Descarga, donde el inspector registrará la cantidad de producto desembarcado y el destino final. De esta forma, se busca acortar los tiempos operativos y evitar duplicaciones de controles, sin comprometer la trazabilidad ni la transparencia del sistema.
Fuentes oficiales señalaron que esta medida responde a un reclamo histórico del sector, que venía solicitando una actualización de los procedimientos para reducir costos y hacer más eficiente la operatoria portuaria del calamar.
Nuevas alternativas para acreditar el procesamiento
Otro punto clave de la disposición es la ampliación de las formas de acreditar el procesamiento del calamar. Hasta ahora, la única documentación válida era la factura de venta del producto, pero con el nuevo esquema también podrán presentarse Actas de Constatación emitidas por la Dirección de Pesca o Actas de Verificación del SENASA.
Esta medida aporta mayor flexibilidad administrativa y facilita el cumplimiento para las empresas que operan con distintos formatos comerciales o estructuras productivas. Además, promueve una mayor coordinación entre organismos oficiales, fortaleciendo los mecanismos de control y certificación.
“Con esta actualización buscamos adaptar las normas a la realidad del sector y simplificar las gestiones sin perder trazabilidad”, destacaron desde la Subsecretaría de Pesca, al remarcar que la intención del Gobierno es “reducir los tiempos muertos y facilitar la actividad de los productores”.
Plazos más flexibles y gestión digital
La disposición también elimina el plazo fijo de 72 horas de anticipación que se exigía para notificar un procesamiento de calamar. Desde ahora, la comunicación deberá realizarse “en forma previa”, lo que brinda mayor flexibilidad operativa y permite responder con rapidez a los cambios en las condiciones logísticas, climáticas o de mercado.
Según el organismo, esta modificación “mejora la planificación de las plantas procesadoras y reduce las demoras en la cadena productiva”, generando un entorno más eficiente para las empresas que participan en la explotación del recurso del calamar.
Modernización y competitividad para la pesca argentina
Desde la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca subrayaron que estas reformas forman parte de una agenda integral de modernización del sector del calamar, orientada a promover inversiones, fortalecer la trazabilidad de los productos y favorecer la sostenibilidad a largo plazo.
“Queremos que los productores dediquen su tiempo a pescar el calamar y no a trámites”, afirmaron fuentes oficiales, al remarcar que la simplificación de procesos administrativos representa “un paso concreto hacia una gestión más moderna y eficiente”.
Con estas medidas, el Gobierno apunta a fortalecer la competitividad de la industria del calamar, reducir los costos de cumplimiento y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema pesquero nacional.
