La UE posterga un año la exigencia antideforestación y abre alivio para Argentina
El Parlamento europeo aprobó una postergación de un año en la entrada en vigor del reglamento antideforestación, una norma que generó fuertes cuestionamientos en países productores, incluida la Argentina. Con 402 votos a favor, 250 en contra y ocho abstenciones, los eurodiputados respaldaron además la decisión de simplificar los requisitos que deberán cumplir las empresas exportadoras de carne, soja, madera, café, cacao, aceite de palma y otros productos que ingresen al mercado comunitario.
La votación implica que las firmas tendrán más tiempo para adecuarse a un sistema que exige demostrar que sus mercancías no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, un punto que motivó intensos debates por su impacto económico y operativo en la cadena agroexportadora.
La normativa antideforestación había sido motivo de preocupación para la Argentina, ya que el país fue catalogado inicialmente como de riesgo estándar, categoría que conlleva mayores exigencias y controles. Las autoridades locales y el sector privado habían solicitado una recategorización a nivel bajo, lo que reduciría sustancialmente los requerimientos y permitiría inspecciones sobre apenas el 1% de los cargamentos, en comparación con estándares más estrictos.
Nuevos plazos de adecuación
De acuerdo con los plazos aprobados por la normativa antideforestación, los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir plenamente con el reglamento desde el 30 de diciembre de 2026, mientras que micro y pequeñas empresas tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2027.
El Parlamento señaló que este año adicional permitirá robustecer el sistema informático destinado a las declaraciones electrónicas de diligencia debida, elemento clave del esquema de trazabilidad exigido por la normativa europea.
Un aspecto central de la modificación en la normativa antideforestación es que la responsabilidad de presentar la declaración de diligencia debida recaerá sobre las empresas que introducen el producto por primera vez en el mercado europeo, reduciendo obligaciones para operadores posteriores. Según los legisladores, esto simplifica el proceso y evita duplicaciones en la carga administrativa.
Repercusiones en la Argentina
Para el sector exportador argentino, la votación representa un escenario menos exigente en el corto plazo, aunque persisten incertidumbres sobre la versión final de la norma antideforestación. Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, destacó que la industria viene trabajando en sistemas de trazabilidad adaptados al contexto local, entre ellos VISEC, herramienta utilizada para garantizar el origen no deforestado de los productos.
No obstante, el directivo advirtió que la inestabilidad política europea genera dificultades en la planificación. Según señaló, la postergación de la normativa antideforestación perjudica inversiones ya realizadas y siembra dudas sobre hacia dónde evolucionará el reglamento.
Idígoras insistió en la necesidad de que la próxima versión elimine exigencias de segregación que implican costos altos y que no siempre se condicen con la estructura productiva regional. La postura empresarial apunta a preservar competitividad frente a competidores globales que también enfrentan el desafío de adecuarse a las nuevas pautas europeas.
Críticas internas y pedidos de mayor claridad
Mientras tanto, productores de distintas regiones argentinas manifestaron reparos sobre el funcionamiento de VISEC, la plataforma impulsada por la cadena exportadora. Señalaron que no se trata de un organismo público, aunque utiliza datos oficiales y solicita información amparada por secreto fiscal, lo que genera inquietudes sobre la privacidad y el uso de esa información.
También cuestionaron que se exijan datos no contemplados por la propia resolución europea y advirtieron que la UE nunca pidió un sistema de certificación, sino simplemente geolocalización para garantizar el origen productivo.
Próximos pasos en la UE
El Parlamento solicitó que la Comisión Europea presente una revisión del proceso de simplificación antes del 30 de abril de 2026, paso necesario para avanzar en la elaboración de la nueva versión del reglamento antideforestación.
El objetivo es que la legislación definitiva sea aprobada por el Parlamento y el Consejo y publicada antes de finales de 2025, de modo que el plazo adicional pueda entrar formalmente en vigor.
