Las Cuatro Cadenas del agro buscan blindar por ley la baja de retenciones
Las principales entidades del agro argentino reclamaron que el cronograma de reducción de los derechos de exportación quede establecido por una ley del Congreso. El planteo apunta a darle mayor previsibilidad a la eliminación de las retenciones y evitar que un eventual cambio de Gobierno pueda modificar el esquema vigente, que fue dispuesto por decreto y contempla rebajas graduales hasta diciembre de 2028.
El pedido fue presentado durante el tradicional brindis de fin de año de las Cuatro Cadenas, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Participaron la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), Maizar, Argentrigo y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), que difundieron un documento conjunto con cinco propuestas para impulsar el desarrollo y la competitividad del sector agropecuario.

Biocombustibles, fitosanitarios y financiamiento
Entre los reclamos vinculados con la estabilidad normativa, las Cuatro Cadenas del agro pidieron que la Cámara de Diputados complete el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, que ya obtuvo media sanción del Senado. Advirtieron que la legislación actual vence en 2030 y que las inversiones industriales necesitan un horizonte regulatorio que supere ese plazo.
También solicitaron una ley nacional que establezca requisitos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, basada en evidencia científica. El objetivo es contar con criterios comunes en todo el territorio, que brinden previsibilidad tanto a los productores como a las comunidades cercanas a las zonas agrícolas.
En materia financiera, propusieron multiplicar las líneas públicas de crédito a diez años para infraestructura y equipamiento del agro. A la vez, plantearon revisar los costos y requisitos que dificultan el acceso de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias al mercado de capitales, para que el financiamiento acompañe proyectos que requieren varias campañas para amortizarse.

Una propuesta para recuperar nutrientes del suelo
La segunda iniciativa estuvo centrada en la conservación de los recursos productivos. Las entidades destacaron que la siembra directa ya ocupa ocho de cada diez hectáreas agrícolas, pero advirtieron que los suelos reciben menos nutrientes de los que necesitan para sostener sus niveles de productividad.
Por eso, propusieron una ley de nutrición del suelo que incentive el uso de fertilizantes y enmiendas en el agro. Entre las herramientas posibles mencionaron un beneficio fiscal para la reposición de nutrientes, que acompañe el proceso de reducción de las retenciones.
Según explicaron, las retenciones reducen la relación entre el valor de los granos y el costo de los insumos, una situación que se agrava por otros impuestos y los gastos de transporte hasta los puertos.
Mercados, trazabilidad y apertura comercial
La tercera propuesta apuntó a fortalecer el acceso del agro argentino a los mercados internacionales. Las cadenas destacaron los trabajos que realizan para mejorar la calidad del trigo, conservar el grano de girasol, monitorear la chicharrita del maíz y desarrollar mapas de calidad de soja.
También defendieron la necesidad de respaldar las negociaciones comerciales con información técnica y certificaciones sanitarias del Estado. Frente a las exigencias ambientales europeas, sostuvieron que las normas deben tener fundamento científico y acordarse entre las partes, además de proteger los datos de los productores.

En ese contexto, reclamaron ampliar la red de agregadurías agrícolas y abrir nuevos destinos para granos, harinas, aceites, carnes y alimentos. También pidieron acelerar la aprobación internacional de eventos biotecnológicos para evitar que las demoras en los países compradores posterguen la llegada de nuevas tecnologías al productor.
Semillas y una agenda de trabajo para 2027
La cuarta propuesta se concentró en el conocimiento y la innovación. Las entidades señalaron que Argentina cosecha entre seis y siete de cada diez toneladas que podría producir según sus condiciones de suelo y clima. Para reducir esa brecha, reclamaron avanzar con una nueva ley de semillas que brinde reglas claras sobre propiedad intelectual y estimule la inversión en mejoramiento genético.
Finalmente, propusieron convertir los planteos en una agenda de trabajo para 2027, con prioridades, responsables y plazos de cumplimiento. El objetivo, señalaron, es articular acciones entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado.
