YPF: cómo sigue el juicio en EE.UU. y qué puede pasar con el fallo por más de USD 17.000 millones
El caso por la expropiación de YPF en 2012 volvió al centro de la escena con un nuevo fallo demoledor de la jueza Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, fondo que compró los derechos de litigar contra el país y que ya fue beneficiado con una sentencia por USD 16.000 millones más intereses. Con este nuevo avance judicial, la demanda ya supera los USD 17.000 millones y enfrenta al país con uno de los litigios más costosos de su historia.
La decisión de Preska, jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, es inédita y pone en jaque al control estatal de la principal petrolera del país, eje estratégico del desarrollo de Vaca Muerta y del futuro exportador de gas licuado. Desde el gobierno argentino confirmaron que apelarán el fallo, pero los caminos legales y financieros se estrechan, en medio de un complejo escenario político y económico.
Un fallo que pone presión sobre YPF
El dictamen de Preska le exige a la Argentina transferir las acciones clase D de YPF (que representan el 51% del capital) a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon, desde donde deberían ser entregadas a Burford Capital en un plazo de 14 días. La magistrada cuestionó la falta de cumplimiento del país y dejó en claro que el Estado tiene varias opciones: obtener la aprobación del Congreso por dos tercios, modificar la ley o negociar directamente con los demandantes.
En 2023, Preska ya había condenado a la Argentina por haber violado los estatutos de YPF al expropiar la compañía sin ofrecer una oferta pública de adquisición a los demás accionistas, como lo indicaba el reglamento interno. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, había nacionalizado la firma pagando USD 5.000 millones a Repsol, pero desoyó los derechos de los socios minoritarios.
La reacción del Gobierno
Apenas conocida la noticia sobre YPF, el presidente Javier Milei confirmó que la Argentina presentará una apelación. Además, el país solicitará la suspensión del fallo (un “stay”) hasta que se resuelva el proceso ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Esa instancia podría tardar hasta un año, e implicaría la presentación de argumentos escritos y audiencias orales.
Sin embargo, para obtener esa suspensión, el tribunal podría exigir una garantía financiera millonaria (en torno a los USD 10.000 millones), algo que la Argentina ya rechazó a fines de 2023 por falta de fondos o activos líquidos.
Mientras tanto, Burford —que no busca quedarse con las acciones, sino cobrar— incrementa la presión para forzar una negociación. En el entorno judicial se recuerda que, durante la presidencia de Mauricio Macri, hubo una oportunidad de cerrar un acuerdo por USD 4.000 millones que nunca se concretó. Hoy, con una sentencia más dura en la mano, el margen de maniobra para el país es mucho más acotado.
Qué puede pasar ahora
Aunque el país va a apelar y podría obtener una suspensión temporal, si no se concreta en los próximos días, el gobierno argentino podría entrar en desacato frente a un tribunal federal estadounidense, con consecuencias legales y financieras complejas.
El impacto ya se siente en los mercados. Ayer, los ADRs de YPF cayeron 5,6% en Wall Street, mientras que las acciones de Burford Capital subieron más del 20% en la Bolsa de Londres. Además, los bonos soberanos sufrieron retrocesos y el dólar superó los 1.200 pesos, empujado por la incertidumbre judicial y financiera.
¿Qué hay en juego?
YPF es mucho más que una empresa. Es el símbolo del control energético del país, motor del desarrollo de Vaca Muerta, y pieza clave en los proyectos de exportación de gas natural licuado. El fallo judicial, si se concreta, podría afectar el financiamiento de inversiones, la confianza en el país como destino de capitales y las posibilidades de acuerdos futuros.
Además, el litigio se produce en un contexto en el que Estados Unidos debate la regulación de los fondos de litigios como Burford, tras un proyecto que buscaba gravar con más de 40% este tipo de actividades. Aunque ese intento fue frenado, muestra que la industria legal de financiamiento de demandas —litigation funding— también enfrenta desafíos políticos en su país de origen.
Lo que queda por delante
La Corte de Apelaciones será clave para definir si el fallo de Preska se confirma o se revierte. También sigue pendiente la apelación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que busca anular la sentencia original. En paralelo, Burford impulsa otros pedidos de embargo y presiona para demostrar que YPF y el Estado argentino son lo mismo, lo que facilitaría nuevas medidas judiciales.
En este escenario, crecen las voces que recomiendan negociar. En silencio, algunos analistas creen que el Gobierno, más allá de la retórica, deberá sentarse a discutir una salida consensuada, antes de que el daño sea irreversible.
Porque, más allá de lo jurídico, la disputa por YPF es también una batalla por la soberanía energética, la credibilidad institucional y la capacidad de atraer inversiones en un país urgido por dólares y desarrollo.
