Yerba mate: el Gobierno redefine el rol del INYM y elimina facultades regulatorias
El Gobierno nacional oficializó este martes el Decreto 812/2025, una medida que representa la modificación más profunda del marco regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) desde su creación. Publicado en el Boletín Oficial, el decreto reduce de manera sustancial las facultades del organismo, en línea con la política de desregulación económica que impulsa la administración de Javier Milei. El Ejecutivo sostiene que la revisión apunta a “modernizar” la entidad y evitar cualquier injerencia estatal que pueda afectar el funcionamiento del mercado.
Adiós a las facultades históricas de intervención
El cambio más significativo recae sobre el Decreto 1240/2002, donde se reemplaza por completo el artículo 8°, que durante más de dos décadas estableció el alcance regulatorio del INYM. La nueva redacción prohíbe expresamente al instituto dictar normas o aplicar intervenciones que puedan generar “distorsiones en los precios de mercado”, limitar el ingreso de nuevos actores o interferir en la libre competencia dentro del sector de la yerba mate.
Con este movimiento, el Gobierno clausura cualquier posibilidad de que el organismo vuelva a fijar precios de referencia, cupos productivos o pautas comerciales, como lo hizo históricamente.
Una revisión a contrarreloj y un amplio paquete de derogaciones
El Ejecutivo instruyó al INYM a revisar en 30 días toda la normativa vigente que contradiga este nuevo marco funcional. Esto implica analizar resoluciones internas, disposiciones y mecanismos de control que el instituto aplicó durante años para ordenar el mercado de la yerba mate. Paralelamente, el decreto deroga los artículos 9°, 11 al 19 del Decreto 1240/02, un bloque normativo que facultaba al organismo a intervenir en áreas productivas, comerciales y de calidad.
Con estas derogaciones, el INYM pierde instrumentos clave utilizados, por ejemplo, para regular la cadena productiva, establecer estándares mínimos en la materia prima, coordinar políticas con las provincias u ordenar la oferta a través de mecanismos de supervisión directa. La nueva estructura lo limita prácticamente al control y verificación de calidad de la yerba mate, sin margen para intervenir en la dinámica del mercado.
Un organismo reducido a funciones técnicas
Los considerandos del decreto explican que la intención del Gobierno es reorientar al INYM hacia un rol estrictamente técnico. Según el texto oficial, el objetivo es que el instituto “concentre su labor en verificaciones de calidad” y se abstenga de cualquier acción que pueda obstaculizar la operación de un mercado competitivo como el de la yerba mate.
La medida se encuadra dentro de los cambios estructurales iniciados con el DNU 70/2023, que modificó la Ley 25.564 —la norma que dio origen al INYM— eliminando atribuciones regulatorias y transformando su naturaleza institucional.
El decreto también se presenta como un paso más dentro del plan de la administración Milei para retraer el rol del Estado en sectores productivos, bajo la premisa de que la liberalización es la vía para mejorar la eficiencia, la competitividad y las inversiones.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, quienes sostienen que la desregulación es condición necesaria para el “ordenamiento del mercado yerbatero”. El nuevo esquema entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que el impacto institucional será inmediato.
Impacto en un sector clave del NEA
El complejo de la yerba mate, uno de los motores económicos del noreste argentino, enfrenta ahora un escenario completamente distinto: un mercado desregulado, sin un órgano con facultades de intervención y con el INYM limitado a aspectos técnicos. Para el Gobierno, esto permitirá “evitar distorsiones de precios”, pero para el sector productivo —especialmente pequeños y medianos productores— se abre un interrogante sobre cómo se equilibrarán las relaciones dentro de la cadena sin un árbitro estatal.
Con este decreto, la administración Milei profundiza su estrategia de reducción del Estado en sectores tradicionales, dando un paso decisivo en la transformación institucional del mercado de la yerba mate.
