La guerra del vino: Coviar aumenta aranceles y genera polémica en la industria
El sector del vino argentino atraviesa una nueva controversia tras el reciente aumento del 45% en la contribución obligatoria establecida por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Esta medida, tomada a partir de la publicación del Acta 187/2025, reavivó los cuestionamientos sobre el rol de la institución y su forma de financiamiento, lo que desencadenó una serie de reacciones tanto del Gobierno Nacional como de bodegueros y asociaciones del sector. La decisión de Coviar, que rige desde agosto, ha puesto en evidencia la creciente grieta entre los actores clave de la industria.
El aumento de la contribución: ¿un mal necesario?
La polémica comenzó cuando Coviar determinó que los valores que todos los productores vitivinícolas deben abonar aumentaran en un 45%, un ajuste que se había postergado debido a la necesidad de revisar el impacto de la inflación y los precios en la industria del vino. La medida fue tomada en el marco de sus facultades establecidas por la Ley 25.849, que regula la vitivinicultura argentina. Coviar justificó la suba como una medida necesaria para evitar el desfinanciamiento de la corporación y garantizar el funcionamiento del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Según la Corporación, esta actualización es un procedimiento anual que generalmente se realiza en abril, pero en 2025 se decidió posponerlo para un análisis más detallado en conjunto con la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por los actores involucrados en la industria del vino, que consideran el incremento una carga difícil de sobrellevar en un contexto económico ya complicado.
La respuesta del Gobierno: rechazo al aumento
El primer rechazo importante a la medida vino de parte del gobierno nacional, específicamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía de la Nación expresó su desacuerdo con el aumento de la contribución, señalando que, si bien la Ley 25.849 reglamenta el funcionamiento de Coviar, la corporación es una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo directorio está compuesto mayoritariamente por miembros del sector privado. En este sentido, la Secretaría advirtió que no acompañaría la decisión adoptada y que tomaría las medidas necesarias para frenar el aumento.
El conflicto se profundizó cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que representa al Ministerio de Agricultura, dejó claro su descontento con la medida y aseguró que trabajará para revertirla. La postura oficial fue tajante: “El INV tomará todas las medidas necesarias para frenar dicho aumento.”
El rechazo del sector bodeguero: una carga injustificada
Además del gobierno, los bodegueros también alzaron su voz contra la nueva contribución. Bodegas de Argentina (BdA), la cámara que agrupa a más de 200 empresas del sector del vino, emitió un comunicado en el que se mostró en contra del aumento. BdA, que históricamente ha cuestionado la existencia de Coviar, argumentó que la corporación no tiene competencias para cobrar ni mucho menos aumentar las alícuotas que se habían establecido para el plan PEVI 2020, cuyo ciclo ya terminó.
Desde la perspectiva de BdA, el aumento en la contribución resulta “inadmisible” en un contexto de “coyuntura crítica” para el sector, que ya enfrenta problemas de competitividad internacional y una alta presión fiscal. “La carga impositiva actual alcanza niveles alarmantes, con un 43% de presión fiscal sobre el sector,” señalaron. Además, subrayaron que la contribución de Coviar se ha convertido en una “carga impositiva insostenible” que compromete la sustentabilidad de las bodegas y la calidad productiva del vino.
¿Cuánto impacta el aumento?
A pesar de la oposición generalizada, Coviar defendió la medida al presentar un análisis sobre el impacto de la contribución en la cadena vitivinícola. Según los números proporcionados por la Corporación, la contribución tiene un impacto marginal en el mercado interno (0,08%) y en las exportaciones (0,21%). En total, el impacto combinado de la contribución, tanto para el mercado interno como externo, se estima en 0,06%.
Los nuevos valores establecidos son los siguientes:
- $0,84797885 por litro de vino (aumento del 45%).
- $0,7149399 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades.
- $1,17107365 por litro de vino con indicación de variedades.
- $4,3820247 por litro de mosto concentrado.
- $0,7022147 por cada kilogramo de uva procesada.
Estos ajustes son aplicados a todos los productores, desde los más pequeños hasta los grandes actores de la industria.
