Vicentin bajo disputa: la primera batalla judicial entre los grupos interesados
La causa judicial de Vicentin, que comenzó en 2020 con el pedido de concurso de acreedores de la histórica agroexportadora de Avellaneda, continúa sumando capítulos complejos. En esta ocasión, se abrió un nuevo frente judicial: una disputa entre los grupos interesados en continuar con las operaciones de la empresa, con Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC) enfrentándose a Grassi S.A., el otro gran jugador que busca quedarse con el control de la compañía santafesina.
Tras años de idas y vueltas en la Justicia, Vicentin había presentado todos los avales requeridos para su propuesta de pago a los acreedores, pero el proceso se truncó y la Justicia habilitó el denominado “cramdown”, un mecanismo que permite que cualquier compañía que presente un proyecto de salvataje participe en la decisión final.
Dentro de este marco, Grassi, Molinos-LDC, Bunge Argentina y la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada cumplieron con los requisitos para formalizar sus propuestas, aunque hasta ahora solo Grassi y Molinos-LDC avanzaron en el proceso.
La batalla judicial se enciende
El conflicto actual surge porque Molinos Agro y LDC solicitaron ante el Juzgado la exclusión del voto de la acreedora Avir South SARL del cómputo de mayorías dentro del procedimiento de “cramdown”. Según los denunciantes, Grassi controlaría indirectamente a Avir South, lo que, de ser considerado válido, podría inclinar la decisión a favor de uno de los grupos involucrados.
Desde la perspectiva de Molinos-LDC, Avir South no es un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos posteriormente mediante una estructura financiera y societaria offshore, que según los denunciantes compromete la transparencia del proceso. La compañía habría adquirido créditos equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin, financiados a través de Soripel S.A., controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South.
El flujo de fondos, según la denuncia, se habría extendido a través de Scarlett Sunset Ltd. (Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi S.A. (Rosario), cuyos directores son socios del estudio Casanova, que asesora a Grassi; y Invergrain Corp., sociedad de las Islas Vírgenes Británicas presumiblemente vinculada a CIMA.
Transparencia y reglas claras en juego
Molinos Agro y LDC argumentan que permitir el voto de Avir South abriría la puerta al tráfico de votos y a una manipulación del resultado del cramdown, en perjuicio de los acreedores genuinos. “Nuestra presentación busca preservar la transparencia del proceso y garantizar que los acreedores originales mantengan la libertad de decidir entre las propuestas presentadas”, explicaron las compañías en un comunicado.
El objetivo de la solicitud es que solo los acreedores reconocidos según el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras puedan emitir su voto. Esto, sostienen, asegura que la decisión final refleje la voluntad de los verdaderos acreedores y no la influencia de estructuras financieras indirectas vinculadas a uno de los grupos interesados en controlar la empresa.
Grassi, la oposición histórica
Desde que comenzó el concurso, Grassi S.A. se presentó como la principal oposición a las propuestas de Vicentin, buscando que la empresa no avance en la formalización de su plan de pagos. Según analistas, su objetivo siempre fue lograr el control de la compañía, aprovechando cualquier ventaja legal o financiera en el proceso de cramdown.
La presentación de Molinos-LDC marca así el primer enfrentamiento judicial directo entre los grupos que buscan quedarse con Vicentin, un paso que podría definir el rumbo de una empresa que sigue siendo clave para el sector agroexportador argentino.
Molinos Agro y LDC subrayan su compromiso con un proceso transparente, equitativo y ajustado a derecho, que garantice la igualdad de condiciones y la libertad de decisión para todos los acreedores genuinos involucrados. En esta primera batalla judicial, la definición sobre la validez del voto de Avir South podría marcar un antes y un después en el largo y complejo camino judicial de Vicentin.
