Proponen cambios al Código Penal para castigar el vandalismo rural
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulsó ante legisladores nacionales un proyecto de reforma del Código Penal que busca tipificar de manera específica los delitos contra la producción agropecuaria. La iniciativa surge como respuesta a una problemática como el vandalismo rural que el sector considera en aumento y frente a la cual denuncia una escasa eficacia del marco legal vigente.
Desde la entidad ruralista señalaron que los hechos de vandalismo rural generan graves pérdidas económicas y productivas, además de afectar la seguridad de quienes trabajan en el campo. En ese contexto, el proyecto apunta a fortalecer las herramientas jurídicas del Estado para dar una respuesta penal acorde a la magnitud de los daños.
Una nueva figura penal: el vandalismo rural
El eje central de la propuesta es la incorporación del artículo 184 bis al Código Penal, que introduce formalmente la figura de “Vandalismo Rural”. Esta tipificación permitiría sancionar de manera directa acciones que hoy quedan encuadradas en figuras generales, consideradas insuficientes por el sector agropecuario.
Según el texto presentado, se prevén penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de bienes clave para la producción. Entre ellos se incluyen granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes e infraestructura productiva.
Reforma de artículos clave del Código Penal
Además de la nueva figura de vandalismo rural, el proyecto propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal, con el objetivo de adecuarlos a las particularidades de los delitos rurales. Desde CRA explicaron que la normativa actual no contempla de forma específica las modalidades de daño que se registran en el campo.
La entidad sostuvo que estas falencias legales dificultan una respuesta judicial efectiva, especialmente en zonas rurales donde los daños pueden comprometer la continuidad de una campaña productiva completa. En muchos casos, remarcan, un solo acto vandálico puede significar pérdidas irreversibles para el productor.
Más allá de los bienes materiales
Desde CRA subrayaron que la iniciativa no se limita a la protección de objetos o infraestructura. “No se trata solo de resguardar bienes materiales, sino de proteger el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, afirmaron voceros de la organización.
En ese sentido, destacaron que los ataques a silobolsas y establecimientos rurales se han vuelto recurrentes en distintas regiones, generando un clima de incertidumbre. Según la entidad, la falta de sanciones proporcionales termina alentando la repetición de estos actos de vandalismo rural.
Actualización del delito de estrago
El proyecto también propone una actualización de la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades acordes a los riesgos actuales. Entre ellas se incluye la liberación de patógenos, una acción que puede tener consecuencias graves no solo para la producción, sino también para la salud pública.
Asimismo, se plantean escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, y se prevén agravantes cuando los hechos pongan en riesgo la vida de las personas o deriven en consecuencias fatales. Desde CRA consideran que esta diferenciación aporta mayor claridad y justicia al sistema penal.
Seguridad jurídica y desarrollo regional
Para la entidad ruralista, la reforma apunta a fortalecer la seguridad jurídica en el campo y a prevenir hechos de vandalismo rural que impactan más allá del productor individual. Los daños a la producción agropecuaria, señalaron, repercuten directamente en la economía regional y en las comunidades del interior.
“El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, expresaron desde CRA. Con esta iniciativa, el sector busca abrir el debate legislativo y avanzar hacia un marco legal que reconozca la especificidad del ámbito rural.
La propuesta ahora queda en manos del Congreso, donde deberá ser analizada y discutida. Para el sector agropecuario, se trata de un paso clave para desalentar el vandalismo rural y garantizar condiciones más seguras para la producción de alimentos en todo el país.
