UATRE cruzó a Milei y cuestionó la reforma de la Ley de Trabajo Agrario
El debate por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario volvió a encender la polémica entre el Gobierno Nacional y los representantes del sector rural. En una carta difundida recientemente, José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), cuestionó de manera directa al presidente Javier Milei, subrayando que “lo viejo sirve” y destacando la necesidad de respetar los fundamentos esenciales del Estatuto del Peón de Campo.
La misiva de Voytenco se produce al cierre de un año marcado por el debate sobre la reforma laboral, y en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Rural, que en octubre celebró 81 años desde la sanción del primer estatuto específico para el sector. El titular de UATRE recordó que si bien toda normativa requiere actualización, la reforma no debería ignorar las particularidades de las tareas rurales, que difieren notablemente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo general.
“Consideramos indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades del trabajo en el campo, y que estas sean tenidas en cuenta al legislar”, señaló Voytenco. Según su carta, existen aspectos críticos que no se están considerando, como la registración laboral efectiva, la marginalidad en el sector y las dificultades propias de trabajar en establecimientos aislados o sin conexión digital. “La precariedad en el agro no solo conduce a informalidad, sino que también puede derivar en situaciones más penosas y degradantes”, advirtió.
Críticas a la ampliación del período de prueba y la tercerización
Uno de los puntos que más preocupan al gremio es la ampliación del período de prueba, que en la reforma se plantea extender hasta ocho meses. Voytenco sostuvo que esta medida podría permitir a los empleadores contratar y despedir bajo la figura de prueba para trabajos estacionales, afectando la estabilidad del resto de la familia y, en particular, la escolaridad de los niños.
El titular de UATRE también cuestionó la tercerización laboral, señalando que en el campo es casi inexistente encontrar personal contratado formalmente a través de terceros. Esto genera una ausencia de registros documentales y una dificultad adicional para garantizar derechos y condiciones de trabajo justas. Según Voytenco, la reforma no debe estandarizar la remuneración frente a casos fortuitos o fuerza mayor, ya que esto podría afectar la indemnidad de los trabajadores y trasladar riesgos que no les corresponden.
“Todas las modificaciones propuestas deben atravesar el tamiz de la naturaleza de las actividades agropecuarias, de las necesidades de los trabajadores y de los objetivos de las políticas públicas, como arraigo, educación, salud, conectividad y desarrollo económico”, concluyó Voytenco.
La mirada de la Sociedad Rural
El reclamo de UATRE se suma a las observaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que instó a que la Ley de Trabajo Agrario no quede al margen de la discusión laboral en general. La entidad, presidida por Nicolás Pino, sostuvo que la reforma debería reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos tanto para empleadores como para trabajadores.
“Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”, indicaron desde la SRA.
Un llamado a la modernización con equilibrio
El mensaje de Voytenco refleja la tensión entre la modernización del marco laboral y la preservación de derechos y condiciones específicas del trabajo rural. Aunque reconoce que la Ley vigente data de 2011 y que requiere actualizaciones, UATRE enfatiza que cualquier reforma debe respetar los principios fundamentales que garantizan la protección de los trabajadores, la estabilidad de las familias rurales y la integridad de las tareas productivas en zonas remotas.
Con este pronunciamiento, UATRE busca instalar un debate más profundo sobre los efectos prácticos de la reforma, alertando que medidas como la extensión del período de prueba o la flexibilización de la contratación podrían tener impactos negativos no solo en la formalidad laboral, sino también en la vida cotidiana de las familias del agro.
