UATRE rechaza la reforma laboral y se moviliza junto a la CGT
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) confirmó su adhesión a la movilización convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. La decisión fue comunicada oficialmente por el sindicato, que advirtió sobre el impacto negativo que la iniciativa tendría sobre los derechos laborales, especialmente en el ámbito rural.
Desde la conducción del gremio remarcaron que el debate sobre los cambios en la legislación laboral no puede darse de espaldas a la realidad del campo. En ese sentido, subrayaron que el trabajo rural presenta características específicas, altos niveles de informalidad y problemáticas estructurales que, lejos de resolverse, podrían profundizarse con la reforma propuesta.
“Levantar la voz cuando se ponen en riesgo los derechos”
El secretario general de UATRE, José Voytenco, fue contundente al fijar la postura política y gremial de la organización. “Como sociedad tenemos la responsabilidad de levantar la voz cuando se ponen en riesgo derechos fundamentales”, afirmó, y confirmó que el sindicato participará activamente de la movilización para defender a las trabajadoras y los trabajadores rurales.
Voytenco sostuvo que la reforma laboral, tal como está planteada, no fortalece el empleo ni mejora las condiciones de trabajo, sino que avanza sobre conquistas históricas del movimiento obrero. En el caso del sector rural, advirtió que los cambios podrían agravar la vulnerabilidad de miles de trabajadores que ya enfrentan dificultades para acceder a empleo registrado y condiciones dignas.
Un proyecto que, según UATRE, precariza el empleo
En el documento difundido por el gremio, UATRE sostiene que el núcleo del problema radica en que la reforma laboral “implica un retroceso en derechos básicos” y habilita mayores niveles de precarización. Entre los puntos más cuestionados aparecen el debilitamiento de la negociación colectiva y la ampliación de márgenes de discrecionalidad para los empleadores.
Según la entidad, la iniciativa busca fragmentar las paritarias, reducir la capacidad de los sindicatos para defender salarios y condiciones de trabajo, y facilitar los despidos, afectando la estabilidad laboral. “Defender derechos es también defender la calidad del empleo y la competitividad del país”, remarcaron desde UATRE, al rechazar la idea de que la pérdida de derechos genere mayor eficiencia económica.
Impacto directo en el trabajo rural
El gremio puso especial énfasis en los aspectos de la reforma que afectan de manera directa al trabajo rural. Entre ellos, alertó sobre la reducción de la responsabilidad solidaria en los esquemas de contratistas, una figura clave en el agro, que podría dejar a los trabajadores en una situación de mayor indefensión frente a incumplimientos laborales.
Otro punto crítico es la incorporación de un período de prueba de hasta ocho meses, una figura inexistente en el sector rural, que según UATRE abriría la puerta a vínculos laborales más inestables. A esto se suma la pérdida de atribuciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo encargado de fijar salarios mínimos y condiciones específicas para la actividad.
La informalidad, el problema de fondo
Desde UATRE remarcaron que cualquier reforma laboral seria debería partir de un diagnóstico claro: el 70% de los trabajadores rurales continúa en la informalidad. Para el gremio, este dato expone que el principal desafío no es flexibilizar derechos, sino garantizar trabajo registrado y combatir prácticas ilegales que aún persisten en distintas regiones del país.
En ese marco, el sindicato señaló que mejorar el empleo rural implica también erradicar situaciones de explotación laboral y trabajo infantil, problemáticas que requieren mayor presencia del Estado, controles efectivos y políticas específicas, y no una reducción de derechos laborales.
Modernización con derechos y mirada productiva
UATRE buscó correr el debate de la dicotomía entre modernización y defensa de derechos. “La modernización real se logra fortaleciendo un sistema laboral más justo, formal y sostenible”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que advirtieron que una reforma que ignore la realidad del campo puede generar efectos contraproducentes.
Según el gremio, detrás de cada hectárea trabajada hay decisiones que pueden empujar a más informalidad o fortalecer la protección de los trabajadores, con impacto directo en la productividad y el desarrollo del sector. Con su adhesión a la movilización de la CGT, UATRE vuelve a poner en agenda la necesidad de discutir el futuro del trabajo rural sin perder de vista los derechos conquistados.
