UATRE: preocupación por caducidad del decreto que permitía trabajar a peones con planes sociales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestó en las últimas horas su profunda preocupación ante la caducidad del decreto que permitía a los peones rurales trabajar de manera formal sin perder sus planes sociales. La normativa, vigente durante cuatro años, fue firmada en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández y dejó de tener validez a partir del 30 de septiembre pasado.
Según la UATRE, esta medida fue clave para garantizar la protección social de miles de familias rurales que trabajan el campo, permitiéndoles compatibilizar el empleo registrado con los beneficios de los planes sociales. “Vigente durante cuatro años, permitió que los trabajadores rurales accedieran al empleo formal sin perder el sustento que brindan las prestaciones sociales”, destacó el sindicato.
Solicitud de prórroga al Ministerio de Capital Humano
El gremio que conduce José Voytenco recordó que el 22 de agosto pasado, con el respaldo del Directorio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), solicitaron formalmente al Ministerio de Capital Humano la prórroga de esta normativa.

“Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes”, subrayó la UATRE.
El decreto 514/2021 eliminó un obstáculo histórico que desalentaba la registración laboral, al permitir que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al acceder a un empleo formal. Esta política, según el sindicato, benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad en cosechas, logística y ciclos productivos.

Impacto de la caducidad del decreto
Para la UATRE, la caída de esta norma genera incertidumbre, afecta la producción agropecuaria y representa un retroceso en la lucha por la formalización laboral. El gremio enfatizó que “las políticas laborales deben construirse desde la realidad de quienes trabajan en los campos, empaques y fincas del país, brindando previsibilidad y certezas”.
El sindicato remarcó que la compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, sino una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional. “Es fundamental garantizar que los trabajadores rurales puedan acceder a un empleo formal sin temor a perder sus derechos”, agregó.
Relevancia para el sector agropecuario
El decreto vigente durante los últimos cuatro años permitió fortalecer el empleo registrado en el sector rural, aumentando la cobertura de la seguridad social y favoreciendo la formalización laboral en actividades temporarias y migratorias. Según la UATRE, la normativa fue un apoyo fundamental para las economías regionales, que dependen de la mano de obra local y registrada para mantener la producción en cosechas, logística y ciclos productivos.

El sindicato advirtió que la falta de previsibilidad podría impactar negativamente en la producción agropecuaria, generando dificultades para contratar personal registrado y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la producción local. Por ello, reiteraron la necesidad de que las autoridades consideren la prórroga del decreto como una medida urgente y estratégica para el sector.
UATRE y RENATRE seguirán insistiendo
El gremio concluyó que, desde la UATRE y el RENATRE, continuarán insistiendo ante las autoridades para garantizar la continuidad de esta herramienta fundamental. “Es un derecho de los trabajadores rurales poder acceder a un empleo formal sin perder sus beneficios sociales, y seguiremos luchando para que esa protección no se pierda”, sentenció la entidad.
La medida, que combinaba empleo registrado y cobertura social, se convirtió en un instrumento clave para miles de familias rurales, y su prórroga es vista como esencial para mantener la estabilidad del sector y la seguridad de los trabajadores.