Inseguridad rural en San Luis: productores piden una reunión urgente con el gobernador Poggi
La preocupación por la creciente inseguridad rural en San Luis volvió a escalar en las últimas semanas y encendió las alarmas entre productores y entidades del sector. Casos reiterados de abigeato, ataques a campos y faena clandestina impulsaron a organizaciones rurales a solicitar una audiencia “urgente” con el gobernador Claudio Poggi, aunque, a casi dos semanas del pedido formal, todavía no recibieron respuesta oficial.
El reclamo surge desde productores adheridos a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que advierten que la situación, lejos de mejorar, se agravó en algunos puntos de la provincia. Las entidades reclaman un esquema de seguridad rural más claro, mayor presencia policial y la conformación de una mesa de trabajo conjunta con el gobierno provincial.
Un pedido formal que aún no tuvo respuesta
La inquietud quedó plasmada en una nota enviada el 12 del mes actual por la Sociedad Rural de Río Quinto, entidad adherida a Cartez, a la Gobernación de San Luis. En el escrito, los productores solicitaron con carácter de urgencia una reunión para abordar la problemática delictiva en zonas productivas.
“Solicitamos con carácter de ‘urgente’ una audiencia para tratar los casos de abigeato y faena clandestina en campos de la provincia de San Luis”, señalaron en la carta. Además, la rural hizo público el reclamo a través de sus redes sociales, donde expresó su “extrema preocupación por delitos agropecuarios” que afectan a productores de distintas regiones.
Desde la entidad remarcaron que el pedido llega luego de numerosas reuniones sin resultados concretos con otros funcionarios y autoridades policiales, lo que incrementó el malestar y la sensación de falta de respuestas efectivas.
Robos de ganado y faena clandestina en aumento
Tal como se había advertido semanas atrás, los delitos rurales se multiplicaron en San Luis. Productores denunciaron robos de animales, faena clandestina dentro de los campos y comercialización ilegal de carne, incluso a través de redes sociales y canales informales.
Uno de los casos más resonantes fue el de un productor que sufrió el robo y faena de dos vacas, con una pérdida estimada en $2,8 millones, y que acumuló durante 2025 perjuicios cercanos a los $5 millones por hechos similares. A esto se suman las dificultades para realizar denuncias y una creciente percepción de desprotección en zonas rurales alejadas de los centros urbanos.
Con este antecedente, las entidades aseguraron que la situación no solo no mejoró, sino que se agravó en algunas áreas, lo que reavivó la tensión y aceleró el pedido de intervención directa del gobernador.
La propuesta de una mesa de trabajo y el modelo cordobés
Desde Cartez explicaron que el objetivo del pedido de audiencia es abrir una mesa de trabajo seria y permanente con el gobierno de San Luis. En diálogo con medios, el prosecretario de la entidad, Patricio Kilmurray, sostuvo que la intención es colaborar y buscar soluciones conjuntas.
“Pedimos la reunión porque se han registrado varios hechos de inseguridad en los campos de San Luis y entendemos que es necesario abordarlos de manera conjunta”, afirmó. Según explicó, la problemática no es nueva, pero en algunas zonas puntuales se intensificó en las últimas semanas.
En ese sentido, Kilmurray señaló que desde la entidad están compartiendo la experiencia del modelo de patrullas rurales de Córdoba, que consideran un esquema efectivo. “Hoy el principal desafío es que San Luis todavía no cuenta con un esquema definido, y eso dificulta cualquier avance”, advirtió.
Promesas, expectativas y un vínculo institucional en pausa
El dirigente recordó que el gobierno provincial había manifestado su intención de reforzar los controles rurales, con más móviles y personal policial hacia fin de año. Sin embargo, desde el sector sostienen que los avances fueron insuficientes y que la situación continúa siendo compleja.
Aun así, desde Cartez remarcan que no buscan confrontar, sino recomponer el diálogo institucional. “La relación con las autoridades es buena y queremos encauzar un canal de diálogo sólido con el gobierno y las rurales de la provincia”, explicó Kilmurray.
