Reforma Laboral 2026: la Sociedad Rural toma partido y apoya al gobierno
La media sanción de la Ley de Modernización Laboral (reforma laboral) en el Senado generó una reacción inmediata en el núcleo agroexportador. Las principales entidades empresarias del sector celebraron el avance legislativo y lo vincularon con la necesidad de dotar al mercado de trabajo de mayor previsibilidad, formalización y competitividad, en un contexto en el que la generación de empleo privado registrado muestra señales de estancamiento.
El campo toma partido en la discusión por la reforma laboral
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron públicamente su respaldo al proyecto y lo enmarcaron dentro de una agenda más amplia de reformas estructurales. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la entidad sostuvo que avanzar hacia un marco normativo más moderno resulta “clave para fomentar el empleo formal, la competitividad y el desarrollo productivo en todo el país”. Además, reafirmó su compromiso de trabajar en la construcción de reglas claras que acompañen al sector productivo y faciliten el crecimiento.
El apoyo no quedó limitado a la dirigencia rural. El bloque exportador también fijó posición. En un comunicado conjunto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) celebraron la aprobación en la Cámara alta y plantearon que, de convertirse en ley, la iniciativa “terminará con cincuenta años de anomia legislativa” y permitirá establecer estímulos normativos orientados a la generación de trabajo formal.
Según la mirada de estas entidades, el eje central de la reforma pasa por la previsibilidad. Argumentan que el esquema vigente habría elevado el riesgo asociado a la contratación de personal, especialmente por la incertidumbre respecto del costo de una eventual desvinculación. En ese sentido, destacaron que el proyecto no elimina la indemnización, pero sí la transforma en una variable “anticipable y eventualmente financiable”, reduciendo —según su interpretación— la discrecionalidad judicial y la conflictividad.
El comunicado del complejo exportador también hace referencia a otros puntos considerados estratégicos: la regulación de las horas extraordinarias, la prestación mínima en servicios esenciales durante medidas de fuerza, la ultraactividad de los convenios colectivos y el procedimiento de encuadramiento sindical. Desde la óptica empresarial, estos cambios contribuirían a ordenar reglas de funcionamiento y a reducir fricciones en sectores intensivos en mano de obra y con fuerte inserción internacional.
Para el agroindustrial exportador, la discusión laboral no es aislada: se vincula directamente con la competitividad sistémica. En una cadena donde los costos logísticos, impositivos y financieros ya pesan significativamente, la previsibilidad en materia laboral aparece como un componente más de la ecuación. El planteo es que reglas claras pueden incentivar nuevas contrataciones formales y facilitar decisiones de inversión en infraestructura, procesamiento y agregado de valor.
Sin embargo, el debate está lejos de ser unívoco. Otros sectores advierten que las modificaciones podrían afectar derechos laborales consolidados y alterar el equilibrio en la negociación colectiva. La tensión se centra en si la búsqueda de competitividad puede lograrse sin erosionar garantías históricas de los trabajadores. Allí radica el núcleo del desacuerdo político y sindical que acompañó el tratamiento parlamentario.
El proyecto ahora continuará su recorrido legislativo en la próxima instancia, donde podrían introducirse cambios o ratificarse el texto aprobado. El respaldo explícito de la SRA y del bloque exportador marca un posicionamiento claro de una parte relevante del entramado productivo argentino, aunque dentro de la propia cadena agroindustrial existen matices y posturas divergentes.
En un país donde el complejo agroexportador explica una porción sustancial de las divisas y del entramado federal de empleo, la discusión sobre la modernización laboral adquiere un carácter estratégico. El resultado final dependerá no solo de la letra definitiva de la ley, sino también de su reglamentación e implementación. Para el sector empresario, la expectativa es que el nuevo marco aporte previsibilidad y estimule el empleo formal; para otros actores, el desafío será garantizar que esa modernización no implique retrocesos en materia de derechos laborales.
