Reforma Laboral: nuevos sectores del agro apoyaron el avance del gobierno
La reforma laboral recibió nuevos apoyos del agro. Las principales Bolsas vinculadas al entramado agroindustrial argentino salieron a respaldar de manera conjunta la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Modernización Laboral y la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), dos iniciativas que ahora quedaron a la espera de su tratamiento en el Senado. En un comunicado firmado por siete entidades, el sector marcó una posición institucional clara y pidió continuidad legislativa para consolidar un marco que, según sostienen, puede dinamizar el empleo formal y potenciar la inversión productiva.
Las Bolsas del agro a favor de la Reforma Laboral
El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Se trata de instituciones que representan buena parte del movimiento comercial de granos, subproductos y servicios asociados a las cadenas agroindustriales, y cuya voz suele tener peso en el debate económico.
En el texto difundido tras la votación en Diputados, las entidades plantearon que la modernización del marco laboral puede abrir la puerta “hacia un mercado laboral formal y dinámico”, con reglas que aporten previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores. Desde su perspectiva, la rigidez normativa y la incertidumbre jurídica encarecen las decisiones de contratación y desalientan la generación de empleo, especialmente en sectores atravesados por la estacionalidad y la alta rotación de tareas, como ocurre en buena parte del agro.
El comunicado identifica tres objetivos centrales de la reforma: fomentar la formalización del empleo, elevar la competitividad del país y garantizar un marco jurídico dinámico que otorgue previsibilidad. Para las Bolsas, estos ejes no solo impactan en la contratación directa dentro de las empresas agropecuarias e industriales, sino también en la articulación con contratistas, transportistas y proveedores de servicios que forman parte de las cadenas de valor.
Sin embargo, el punto que recibe mayor énfasis es el RIMI. Las entidades lo definen como “una herramienta diseñada para motorizar proyectos de inversión de escala media” y lo ubican como un catalizador clave para ampliar la capacidad productiva. En la lógica sectorial, el régimen podría acelerar decisiones vinculadas a la incorporación de tecnología, la modernización de procesos industriales y la expansión de infraestructura, factores considerados estratégicos para mejorar la competitividad sistémica.
Uno de los instrumentos centrales del RIMI es la amortización acelerada de bienes de capital. Este mecanismo permite recuperar más rápidamente la inversión en maquinaria, equipamiento e infraestructura, reduciendo los plazos financieros y mejorando la ecuación económica de los proyectos. En contextos de alta volatilidad macroeconómica, la posibilidad de acortar el período de repago suele ser determinante para avanzar o postergar una inversión.
Desde el agro sostienen que un régimen de estas características puede tener un efecto multiplicador: más inversión implica mayor demanda de servicios, transporte y empleo, tanto en origen como en los polos industriales. La expectativa es que el RIMI funcione como un puente entre la estabilización macroeconómica y la expansión real de la producción, especialmente en proyectos de escala media que no siempre acceden a los beneficios de grandes regímenes promocionales.
El escenario político, no obstante, sigue abierto. La aprobación en Diputados dejó el paquete a un paso de convertirse en ley, pero el debate en el Senado será decisivo. Allí se pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener los consensos alcanzados en la Cámara baja y evitar modificaciones que alteren el corazón de las medidas.
En paralelo, el debate público mantiene posiciones encontradas. Mientras las Bolsas y parte de las organizaciones rurales ven en la reforma laboral una oportunidad para reducir litigiosidad y adaptar modalidades de contratación a la realidad productiva, sectores sindicales y de la oposición advierten sobre posibles impactos en derechos laborales y cuestionan el alcance de los cambios.
El respaldo coordinado de las Bolsas no es menor: expresa la postura del núcleo institucional de la producción y el comercio granario. Más allá de la sanción definitiva, el sector ya plantea que la clave estará en la instrumentación concreta de las herramientas y, sobre todo, en la estabilidad de las reglas en el tiempo. Para las entidades firmantes, la previsibilidad será el verdadero termómetro que determine si la reforma y el RIMI logran traducirse en más empleo formal e inversión sostenida.
