Reforma Laboral 2026: el agro pide “ordenar para seguir creciendo”
En el marco del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, representantes del sector agropecuario defendieron las modificaciones propuestas al régimen de trabajo rural y plantearon que la actualización normativa puede convertirse en una herramienta para reducir la informalidad y estimular la inversión en el interior productivo.
Durante la sesión informativa, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto, sostuvo en diálogo con Revista Chacra que la discusión debe contemplar las particularidades del empleo en el campo. Según expresó, la relación laboral rural presenta rasgos propios —marcados por la estacionalidad, los ciclos biológicos y la dispersión territorial— que requieren un marco legal adaptado a esa realidad.
“El problema no es modernizar la ley, sino hacerlo con criterio”, plantearon desde el sector. En esa línea, Colombatto advirtió que cuando la normativa se aleja de la dinámica productiva termina fomentando la informalidad. A su entender, la reforma no implica un recorte de derechos, sino una adecuación que permitiría brindar previsibilidad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
Puntos centrales de la propuesta
Entre los aspectos destacados por CRA figura la redefinición de la responsabilidad solidaria, con el objetivo de que recaiga en quien efectivamente ejerce el rol de empleador. También se valoró el reconocimiento explícito de los contratos temporarios vinculados a campañas productivas, una modalidad frecuente en economías regionales donde la demanda laboral se concentra en determinados momentos del año.
Otro eje mencionado fue el fortalecimiento de la negociación colectiva en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo clave en la fijación de condiciones salariales y laborales del sector. Desde la entidad consideran que una mayor claridad en estos mecanismos podría reducir la litigiosidad y facilitar la registración.
Colombatto subrayó además el impacto social del empleo formal en zonas rurales: acceso a cobertura de salud, aportes previsionales y mayor arraigo territorial. En ese sentido, pidió a los legisladores acompañar la iniciativa como parte de una estrategia para recuperar el empleo registrado en el interior productivo.
La postura de Fundación Barbechando
En la misma jornada expuso la presidenta de Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien sostuvo que el proyecto tiene un “alto impacto” porque corrige distorsiones que, según indicó, durante años generaron informalidad y desincentivos a la inversión.
Naveyra remarcó la especificidad de la Ley 26.727 frente al régimen general de contrato de trabajo y consideró que su adecuación puede aportar mayor seguridad jurídica. También recordó el peso estructural del agro en la economía argentina, al representar cerca de una cuarta parte del PBI y una porción mayoritaria de las divisas que ingresan al país.
Entre los puntos laborales que valoró se encuentran la eliminación de la responsabilidad solidaria automática entre propietarios y arrendatarios, la adecuación del régimen a la estacionalidad productiva, la creación de un fondo para afrontar indemnizaciones y la extensión del período de prueba. A su vez, destacó la posibilidad de avanzar hacia negociaciones salariales más directas entre las partes.
Impacto impositivo y clima de inversión
La titular de la fundación también hizo foco en el capítulo impositivo del proyecto. Mencionó como relevantes el diferimiento del impuesto a las ganancias para la hacienda en proceso productivo y la devolución del saldo técnico de IVA, medidas que —según argumentó— podrían mejorar el capital de trabajo y favorecer nuevas inversiones.
“Queremos modernizar esta ley, pero no desregular sin criterio, sino ordenar para seguir creciendo”, sintetizó Naveyra ante los legisladores.
Un debate con impacto estructural
Las exposiciones reflejan la posición de una parte significativa del sector agropecuario en un debate que atraviesa el Congreso y que tiene implicancias profundas sobre el mercado laboral y la estructura productiva. Mientras el oficialismo y distintos bloques analizan los alcances de la reforma, las entidades rurales coinciden en que el eje debe estar puesto en generar previsibilidad, reducir la informalidad y crear condiciones que promuevan empleo registrado en el interior del país.
En un contexto de márgenes ajustados y necesidad de inversión, el agro plantea que la actualización del régimen laboral no es solo una discusión jurídica, sino una pieza clave para sostener el crecimiento de las economías regionales y fortalecer el desarrollo federal.
