Reforma laboral 2025: menos impuestos al campo y crédito más ágil para productores
El Gobierno nacional presentó en el Congreso el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una propuesta que combina reformas en la legislación laboral con un paquete de incentivos destinados a estimular la actividad económica. La reforma laboral 2025 incluye beneficios específicos para la agroindustria, como reducción impositiva en el uso de energía para riego, la eliminación de retenciones para PyMEs exportadoras y un sistema más ágil de acceso al crédito rural.
El proyecto llega como parte de la estrategia del Ejecutivo para consolidar el rumbo económico tras la aprobación de la Ley Bases, y apunta a reducir costos, promover el empleo formal y atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera. El Gobierno plantea que, para lograr crecimiento sostenido, es necesario modernizar las normas laborales y crear mecanismos estables que favorezcan la producción.
Cambios en las reglas laborales
Uno de los ejes centrales del proyecto de reforma laboral 2025 es la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones que buscan flexibilizar las modalidades de empleo y simplificar trámites administrativos.
Entre las reformas, se propone:
- Digitalización integral de recibos de sueldo y documentación laboral.
- Ampliación de las facultades organizativas del empleador.
- Regulación más precisa de los beneficios no remunerativos, para evitar litigios.
- Posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de una semana.
- Mayor margen para que las paritarias ajusten las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades productivas, incluyendo esquemas como los bancos de horas.
Además, con esta propuesta de reforma laboral 2025 se crea un registro de profesionales médicos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano para intervenir en controversias sobre certificados laborales, con el objetivo de reducir conflictos entre empleadores y trabajadores.
Incentivos para nuevos empleos formales
El capítulo dedicado a la promoción del empleo establece un Bono de Crédito Fiscal que permitirá a las empresas descontar parte de las contribuciones patronales cuando contraten nuevos trabajadores.
Los beneficios se escalan según el tamaño de la firma:
- Microempresas: reducción del 100% durante los primeros 12 meses.
- Pequeñas: descuento del 75%.
- Medianas: 50%.
- Grandes compañías: 25%.
El proyecto de reforma laboral 2025 también incluye un esquema de transición desde planes sociales hacia el trabajo registrado, en el cual los beneficiarios mantienen el plan por hasta 13 meses si acceden a empleo formal. Si la relación laboral se sostiene, la asistencia se da de baja de forma automática.
A su vez, la reforma laboral 2025 contempla la posibilidad de que provincias y municipios adhieran con reducciones tributarias propias, con el fin de crear un marco de incentivos más amplio y homogéneo.
Beneficios productivos y foco en el sector agroindustrial
Otro componente clave del proyecto de reforma laboral 2025 es la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), pensado para empresas que superen ciertos montos mínimos de inversión. Este régimen prevé amortización acelerada, devolución anticipada del IVA y otros estímulos fiscales para proyectos productivos.
Dentro de este capítulo, la agroindustria recibe medidas puntuales:
- Baja al 10,5% del IVA para la energía utilizada en sistemas de riego.
- Eliminación temporal de retenciones para PyMEs industriales que incrementen exportaciones hasta 2026.
- Implementación de un sistema de prenda digital, que agiliza la toma de garantías sobre bienes rurales y busca mejorar el acceso al crédito para productores y cooperativas.
Este último punto implica la unificación y modernización de normativas que hasta ahora dificultaban el financiamiento en el sector.
Un debate que se traslada al Congreso
El texto de la reforma laboral 2025 será discutido en las próximas semanas en comisiones legislativas. Mientras el Gobierno lo presenta como una pieza clave para reactivar la economía, sectores sindicales y algunos bloques opositores anticipan cuestionamientos en torno a la flexibilización laboral y al impacto sobre derechos adquiridos.
En paralelo, cámaras empresarias y entidades del agro observan con especial interés la letra fina de la ley, que podría redefinir costos, márgenes y decisiones de inversión en el corto plazo.
