AySA: el Gobierno avanza con la privatización para este 2025
El Gobierno nacional reformó por decreto el marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), abriendo la puerta a su privatización total o parcial y autorizando cortes del servicio en casos de falta de pago, en una decisión que marca un giro significativo en el manejo de los servicios públicos. La medida fue oficializada este martes a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El DNU modifica el artículo 2° del Decreto 304/06, que hasta ahora aseguraba que el 90% del capital de la empresa AySA debía mantenerse en manos del Estado y que dichas acciones eran intransferibles. Con la nueva normativa, ese límite desaparece y se habilita la venta de la participación estatal. “El Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, establece el decreto, lo que representa un paso formal hacia la privatización de la firma encargada de proveer agua potable y servicios cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además de habilitar la participación de capitales privados, la reforma introduce cambios significativos en las atribuciones de la empresa prestadora. Entre ellos, se destaca la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio en caso de mora o falta de pago por parte de los usuarios, algo que hasta ahora no se encontraba expresamente previsto.
Nuevas atribuciones para la futura concesionaria de AySA
El decreto otorga a la concesionaria de AySA amplias facultades operativas y financieras. Entre ellas, la posibilidad de:
- Efectuar cortes del servicio en caso de falta de pago.
- Auditar técnicamente las obras dentro del área regulada.
- Utilizar los fondos generados por la explotación del contrato de concesión como garantía para acceder a financiamiento.
Asimismo, se instruye a la Agencia de Planificación (APLA) a diseñar un Plan Director de Mejora Estratégica, que deberá trazar los lineamientos y estrategias técnicas para desarrollar nuevas obras de infraestructura. El objetivo es ampliar la cobertura del servicio y garantizar la sostenibilidad de la red en el AMBA, mediante la programación de proyectos y la identificación de fuentes de financiamiento y entes ejecutores.
Una transición de hasta cinco años
El texto también contempla un régimen de transición de hasta cinco años tras la formalización de la privatización de AySA. Durante ese período, se buscará aplicar de manera progresiva las nuevas disposiciones, cuidando de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión.
Desde el Ejecutivo, justificaron la medida afirmando que el esquema actual, basado en un modelo de gestión estatal, no responde a las necesidades actuales del servicio. “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia”, señala el DNU, que además destaca las dificultades del Estado para continuar invirtiendo en la empresa en medio del contexto de crisis económica.
“La medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, sostiene el texto. En ese sentido, se argumenta que la estructura operativa y financiera de AySA “resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
La decisión abre una nueva etapa para la empresa, fundada en 2006 tras la salida del sector privado en medio de la crisis de concesiones durante los primeros años del siglo. Ahora, con un cambio de rumbo político y económico, la posibilidad de una nueva privatización ya no es una idea en debate, sino una realidad en marcha.
