Polémica por la vacuna de la fiebre aftosa: denuncia contra el Senasa
El laboratorio argentino Tecnovax, que había prometido importar vacunas contra la fiebre aftosa desde Brasil a mitad de precio, denunció públicamente que fue excluido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) del proceso de validación técnica necesario para comercializar su producto en el país. Según Diego La Torre, uno de los directores de Tecnovax, fue el propio presidente del Senasa, Pablo Cortese, quien firmó la decisión de dejar sin efecto el ensayo en curso, impidiendo así la competencia en un mercado históricamente dominado por dos jugadores: Biogénesis Bagó y CDV.
La vacuna contra la fiebre aftosa, nuevamente con polémicas
La controversia estalló tras una entrevista concedida por La Torre al periodista Silvio Baioco, de Canal Rural, donde el empresario detalló que la decisión se tomó “por razones de oportunidad y conveniencia”, según una carta firmada por Cortese en enero pasado. Esto ocurrió, asegura Tecnovax, pese a haber iniciado formalmente los trámites regulatorios, haber presentado muestras del producto importado y adquirido bovinos para realizar las exigentes pruebas de eficacia en condiciones controladas.
Tecnovax planeaba ingresar al mercado con una vacuna bivalente contra la fiebre aftosa producida en Brasil por la firma Ourofino, que ofrecía precios considerablemente más bajos que los actuales. Mientras en Argentina la dosis supera el dólar, en Paraguay —donde se exporta la misma vacuna fabricada localmente— se consigue por apenas 0,35 dólares. En este contexto, el gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había impulsado una flexibilización del esquema sanitario, reduciendo de cuatro a dos las cepas exigidas para la vacuna, alineando los requisitos locales con los del Mercosur. El objetivo: habilitar la competencia extranjera y abaratar los costos para los productores.
Sin embargo, desde Tecnovax aseguran que esa intención fue saboteada dentro del propio organismo regulador. Según el relato de La Torre, la exclusión de su vacuna no respondió a falencias técnicas, sino a presiones políticas internas. “Nos hicieron volver al casillero uno como en el Juego de la Oca”, afirmó con ironía. La acusación también apunta a María Eugenia Barbieri, gerente ejecutiva del Senasa, designada por el interventor Juan Pazo. Fuentes del sector señalan que habría sido ella quien instruyó a Cortese para frenar el proceso de registro de la vacuna importada de la fiebre aftosa.
La situación se torna más compleja si se considera que la planta brasileña de Ourofino ya no produce esta vacuna, debido a que en Brasil se suspendió la vacunación contra la aftosa. Esto pone en duda la disponibilidad futura del producto que Tecnovax pretendía importar, aunque la empresa asegura contar con un contrato vigente y la capacidad técnica para reactivar la producción contra la fiebre aftosa.
Desde el entorno del Senasa y de los laboratorios nacionales, en tanto, argumentan que Tecnovax no presentó un lote adecuado de vacunas para las pruebas. Afirman que las dosis entregadas estaban cerca de su vencimiento y no cumplían con los requisitos formales establecidos por la Resolución General 609/2017 del organismo. Para estos sectores, la denuncia de Tecnovax no es más que una estrategia mediática para victimizarse.
El episodio refleja una puja más amplia en torno a la desregulación del mercado agropecuario impulsada por el gobierno de Javier Milei. Mientras Sturzenegger insiste en la necesidad de reducir costos y abrir el juego a nuevos actores, las decisiones concretas siguen generando sospechas sobre favoritismos, falta de transparencia y la persistencia de prácticas que limitan la libre competencia de vacunas contra la fiebre aftosa.
“Esto ya no es un negocio para nosotros. Es una cruzada”, resumió La Torre, quien remarcó que su objetivo es romper con un esquema cerrado que, según sus cálculos, transfirió más de 2.000 millones de dólares en dos décadas del bolsillo de los productores al de un reducido grupo de laboratorios.
La polémica de la vacuna contra la fiebre aftosa no solo deja expuesto el entramado regulatorio y político que rodea a la industria veterinaria argentina, sino que pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿está el Estado verdaderamente comprometido con la apertura del mercado, o persisten intereses que bloquean cualquier intento de cambio? La respuesta, al parecer, aún está por definirse.
Con información de BichosdeCampo
